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Medidas laborales contra el COVID-19 (IV. Parte)

El 28 de marzo de 2020, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Este Real Decreto-ley incluye una serie de medidas en el orden laboral entre ellas:

  • La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada derivadas del COVID-19 no se podrán entender como justificativas de extinciones ni de despidos.

 

  • La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, vía ERTE por las causas de fuerza mayor, económica, técnica, organizativa y de producción derivadas de COVID-19 supondrá tanto la interrupción del cómputo de su duración como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, respecto de las personas trabajadoras afectadas.

 

  • Agilización de la tramitación y abono de prestaciones por desempleo:
    • El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo extraordinaria se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa en representación de los trabajadores.

 

  • La solicitud se presentará en el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE en caso de fuerza mayor y desde la notificación de la decisión adoptada en el ERTE a la autoridad laboral en caso de tratarse de ERTE por causas objetivas.

 

  • El no comunicar con toda la información o hacerlo fuera de plazo es sancionable (infracción grave)

 

  • Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.

 

  • Los expedientes de regulación de empleo autorizados por fuerza mayor estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, y se extienden como máximo mientras dure el estado de alarma decretado por el RD 463/2020 y sus posibles prórrogas.

 

  • Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran:
    • falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, particularmente cuando den lugar a prestaciones que no debieran haberse producido o.
    • en caso de que las medidas solicitadas no resultan necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina.

 

Darán lugar a la revisión de oficio de la prestación reconocida indebidamente a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma.

  • En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

 

  • El Real Decreto-ley entrará en vigor el 28 de marzo de 2020 manteniendo su vigencia, durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 

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Implicaciones fiscales COVID-19 (3. Parte)

Ya os avanzamos en este post que os hablaríamos de lo que se ha publicado en Álava en relación al COVID-19.

Pues bien, el pasado 20 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de marzo que aprueba medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Podemos destacar las siguientes medidas:

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales correspondientes al mes de febrero se extenderá durante los 12 días naturales siguientes al momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, o, en su caso, las prórrogas del referido estado.

 

Es decir, mientras no se publique la prórroga del estado de alarma que se cita en los medios de comunicación, hasta el 10 de abril de 2020.

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales correspondientes al mes de marzo se extenderá durante los 25 días naturales siguientes al momento en que cese el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del referido estado.

 

Es decir, mientras no se publique la prórroga del estado de alarma que se cita en los medios de comunicación, hasta el 23 de abril de 2020.

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

 

  • El cómputo del plazo de contestación a los requerimientos individualizados de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la Administración se suspenderá entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.

 

  • En el caso de aplazamientos vigentes, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de abril de los aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, con requisitos.

 

Próximamente os informaremos de lo que se ha aprobado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (III. Parte)

El pasado día 18 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (en adelante “RD 8/2020”)

Este real decreto-ley se aprueba con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas directamente afectadas.

De esta forma, el RD 8/2020 además de en otras materias, aprueba una serie de medidas en el ámbito laboral como de Seguridad Social que son las que os indicamos a continuación:

  • Teletrabajo: El teletrabajo deberá ser prioritario frente a la suspensión o reducción de jornada. Se permite excepcionalmente que el trabajador realice una autoevaluación de riesgos.

 

  • Adaptación del horario y reducción de jornada: Se regula el derecho a la adaptación de la jornada bien por cuidado de familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o bien por cuidado del cónyuge o pareja de hecho.

 

Se establece una reducción de jornada especial a la que podrá acogerse el trabajador comunicando a su empresa su decisión con un plazo de 24 horas de antelación, pudiendo alcanzar esta el 100% de la jornada, pero deberá estar justificada, ser razonable y proporcionada.

 

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad: Se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos y socios cooperativistas encuadrados como trabajadores por cuenta propia. Deberán cumplirse una serie de condiciones:
    • la actividad se haya visto suspendida a consecuencia del estado de alarma
    • estar al corriente de pago en sus obligaciones
    • que la facturación del mes anterior al que se solicita la prestación se haya visto reducida, al menos, en un 74% con relación al promedio de facturación correspondiente al semestre anterior.

 

  • ERTE por fuerza mayor y por causas objetivas: Con respecto a estos procedimientos se amplía el término fuerza mayor y se agilizan los procedimientos reduciendo los plazos oportunos a la hora de tramitar estos.

 

  • Exoneración de cuotas a la Seguridad Social en caso de ERTE por fuerza mayor: Se establece la exoneración del abono de la aportación empresarial, como el relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta si la empresa tiene menos 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.

 

Si la empresa tuviera 50 o más trabajadores, entonces la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

Para los trabajadores este período tiene la consideración como efectivamente cotizado a todos los efectos.

  • Prestación por desempleo generada como consecuencia de ERTE: Se reconoce la prestación por desempleo aunque el trabajar carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello

No computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que causadas por las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Se tiene derecho a esta prestación tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si se carece del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o bien si no hubiesen percibido prestación por desempleo con anterioridad.

  • Duración de las medidas: Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de este real decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

 

  • Salvaguarda en el empleo: las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el RD-Ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

 

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Implicaciones fiscales COVID-19 (II Parte)

 

Siguiendo con lo que os contábamos en este post, el pasado 18 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19. Y se han aclarado vía Instrucción algunas de las cuestiones para dar mayor seguridad jurídica.

Podemos destacar las siguientes medidas aplicables a los contribuyentes sometidos al sistema tributario del Territorio Historico de Bizkaia, si bien hay más que afectan a quienes realicen actividades económicas y a microempresas y pequeñas empresas.

  • El plazo voluntario para la presentación de autoliquidación o de declaración de los procedimientos tributarios en los que la presentación telemática no se encuentre prevista en la normativa tributaria con carácter obligatorio se extenderá hasta el 1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice con anterioridad a dicha fecha.

 

  • El inicio de los plazos para la interposición de recursos y reclamaciones administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba comenzar a instancia de la persona obligada tributaria se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero de los procedimientos tributarios en los que la presentación telemática se encuentre prevista en la normativa tributaria con carácter obligatorio se extenderá hasta el 14 de abril de 2020.

A este respecto, la Instrucción aclara lo siguiente:

  • Esta ampliación del plazo de presentación de las autoliquidaciones por parte de los y las contribuyentes obligados a presentar sus autoliquidaciones telemáticamente debe entenderse aplicable a cualquier autoliquidación, y no única y exclusivamente a las correspondientes al mes de febrero. De modo que, por ejemplo, pueden acogerse a esta medida los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades con ejercicio no coincidente con el año natural cuyo plazo voluntario de presentación finalice entre el 16 de marzo y el 13 de abril de 2020.

 

  • Asimismo, esta ampliación del plazo para los contribuyentes obligados a presentar sus declaraciones y autoliquidaciones de forma telemática resulta aplicable a las declaraciones informativas, incluidas las derivadas del Suministro Inmediato de Información (SII).

 

  • El plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 16 de marzo de 2020 se extenderá quince días naturales, es decir, hasta el 31 de marzo de 2020.

 

A este respecto, la Instrucción aclara lo siguiente:

 

  • Debe entenderse que esta medida afecta únicamente a las deudas cuyo período voluntario de pago concluya entre el 16 de marzo y el 13 de abril de 2020.

 

  • Además, esta ampliación del plazo voluntario de pago de las liquidaciones practicadas por la Administración se aplica a todas las personas obligadas tributarias.

 

  • Aplazamientos vigentes. Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de marzo de los aplazamientos que se encuentren concedidos, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes, sin que se devenguen intereses de demora en ninguno de los plazos por el período comprendido entre el 25 de marzo y el 25 de abril de 2020.

 

En el Territorio Histórico de Araba también se han aprobado algunas medidas extraordinarias, de ello os hablaremos en otro momento.

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Implicaciones fiscales COVID-19

Con la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 también se introducen medidas a nivel fiscal.

Podemos destacar la regulación del aplazamiento de deudas tributarias para todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo y hasta el día 30 de mayo de 2020, con requisitos, entre los que se contempla como necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

Parece que la Hacienda foral de Gipuzkoa ha decidido adoptar medidas similares para ofrecer facilidad a las pymes que se están viendo afectadas por la situación generada por el virus COVID-19, si bien aún no son oficiales.

Por otra parte, las Haciendas Forales de Álava y Gipuzkoa están anunciando medidas de cara a la próxima campaña de Renta y Patrimonio, con la finalidad de evitar en lo posible la propagación del virus, y facilitar a las pymes afectadas el pago de sus obligaciones tributarias.

La Hacienda Foral de Álava ha anunciado que modificará los plazos para la Campaña de la Renta e impulsará la tramitación online.

La Diputación foral de Gipuzkoa por su parte ha decidido posponer la modalidad mecanizada de la campaña de la Renta 2019, y ha ampliado el plazo de presentación del resto de declaraciones hasta el 29 de julio de 2020.

En el caso de Bizkaia, el pasado 13 de marzo se publicó en el BOB la regulación de la Campaña de Renta y Patrimonio 2019, pero esperamos que en los próximos días la Diputación Foral anuncie algún tipo de medida en relación con el COVID-19.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (II)

Con fecha 13 de marzo de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Este Real Decreto-ley tiene por objeto la adopción de nuevas medidas para responder al impacto económico negativo que se está produciendo en el ámbito sanitario, en el sector turístico, y sobre las personas afectadas por las medidas de contención adoptadas por las autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo sobre las PYMES y autónomos. En el plano laboral y de la Seguridad Social estas son las medidas más significativas de este Real Decreto-ley:

  • Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del virus COVID-19.

 

  • Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

 

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Medidas laborales contra el COVID-19

Con fecha 11 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

Este Real Decreto-ley, tiene por objeto hacer frente a la emergencia de salud pública generada por el COVID-19 adoptándose una serie de medidas en materia económica y salud pública. En el plano laboral se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19. 

Como bien indica el propio Real Decreto-ley tendrán derecho a esta prestación tanto la persona trabajadora por cuenta ajena como propia siendo la fecha de efectos la fecha en que se acuerde el aislamiento.

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RECORDATORIO: Desde el 8 de marzo, las empresas con más de 150 personas trabajadoras deberán contar con un Plan de Igualdad

Se cumple un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Como consecuencia de este Real Decreto, se estableció la obligación de las empresas con más de 50 personas trabajadoras a tener un Plan de Igualdad. En cualquier caso, esta obligación ira aplicándose de manera paulatina de tal forma que las empresas de más de 150 personas trabajadoras y hasta 250 personas trabajadoras contaban de plazo hasta el 8 de marzo de 2020 para la aprobación de los planes de igualdad.

Por ello aquellas empresas que no hayan aprobado dicho Plan de Igualdad corren el riesgo de ser expedientadas por una infracción grave y según el caso muy grave del de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social pudiendo ser sancionada con una multa, de 626 a 6.250 euros en el caso de las infracciones graves y una multa de 6.251 a 187.515 euros en el caso de falta muy grave.

En Prospektiker y LKS Next LEGAL te ayudamos a elaborar tu Plan de Igualdad.

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Implicaciones laborales del Coronavirus

El pasado día 4 de marzo de 2020 el Ministerio de Trabajo y Economía Social publico la Guia para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”.

El propósito del documento no es otro que “facilitar la información necesaria sobre la aplicación de la normativa laboral en relación con las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse las empresas y las personas trabajadoras”

De esta forma la Guía se estructura en las siguientes materias y con las siguientes indicaciones:

1. Prevención de Riesgos Laborales:

La posibilidad de la paralización de la actividad de la empresa.

  • Por decisión de la empresa: El empresario puede adoptar medidas organizativas o preventivas que eviten el contacto de manera temporal, sin la necesidad de paralizar su actividad.

 Cuando las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riego grave de contagio la empresa está obligada a,

  • Informar de la existencia del riesgo y
  • Adoptar medidas y dar las instrucciones necesarias, en caso de peligro grave, inminente e inevitable para que las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad.
  • Por decisión de las personas trabajadoras: En el caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.

 Se considera riesgo grave e inminente “Todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del puesto”

  • Medidas preventivas: La guía recuerda el deber de protección de la empresa y la implicación de esta de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo que están bajo su ámbito de dirección.

 

2. Medidas Laborales

  • El teletrabajo: La posibilidad de establecer el teletrabajo como medida organizativa temporal y excepcional, acordada individualmente o colectivamente, que no suponga una reducción de derechos para las personas trabajadoras.
  • Suspensión total o parcial de la actividad
  • Con ERTE: También se podrá suspender total o parcialmente la actividad, o reducir la jornada, por expediente de regulación de empleo (ERTE) por la existencia de causas organizativas, técnicas o de producción. Esto se puede producir en casos de escasez o falta de recursos necesarios o por descenso de la demanda. Por otra parte, podrían ser consideradas como causas de un ERTE por fuerza mayor el incremento de los índices de absentismo que imposibiliten la continuidad de la actividad o una decisión de la Autoridad Sanitaria que aconseje el cierre del centro de trabajo.
  • Sin ERTE: Si la empresa no tramita un ERTE pero se paraliza la actividad, la persona trabajadora conserva el derecho a su salario.

 

3. Emergencia de protección civil: Cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las empresas podrán articular un ERTE o incluso medidas de extinción cuando la causa directa sea la situación de emergencia.

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Deducibilidad IVA LKS Next Legal

No deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades del IVA soportado en otros países

La Dirección General de Tributos en su reciente consulta vinculante de 13 de diciembre de 2019 (V3417-19) se pronuncia acerca de la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades del IVA soportado en otro país de la Unión Europea, Francia en el supuesto concreto.

La sociedad consultante plantea un supuesto en el que contabiliza en 2016 una factura recibida de un proveedor francés con el correspondiente IVA francés, ya que el mismo no está dado de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios de su país. Dicha factura se contabiliza desglosando el correspondiente IVA con la intención de solicitar la devolución mediante el modelo 360. No obstante, una vez transcurrido el plazo de presentación de dicha solicitud de devolución, que acaba el 30/09/2017, no se procede a la presentación de la misma.

La duda que plantea la sociedad consultante es si el importe de IVA puede considerarse deducible en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017, a lo que la DGT responde negativamente por considerar que en la medida en que la entidad pudo haber solicitado su devolución mediante el procedimiento legalmente previsto, el registro contable del gasto en el ejercicio 2017 por no haber solicitado tal devolución es una liberalidad y, como tal, no puede tener la consideración de fiscalmente deducible.

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