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Las Juntas y Asambleas de 2020 con el Covid-19. Las Cuentas Anuales bajo la visión legal y de auditoría

El confinamiento y la necesidad de distancia entre las personas, han llevado a posponer en muchos casos la celebración de Juntas y Asambleas Generales de empresas y organizaciones de todo tipo que cuentan con un alto número de socios y socias con derecho de participación y voto.

Se han publicado además distintas normativas en relación a cómo deben celebrarse las Juntas y Asambleas Generales con todas las garantías legales.

Ante esa situación surgen dudas en cuanto a la fecha de realización y la forma de su celebración, ¿antes del verano o después? ¿presencial, virtual, o mixto? ¿Validez de los acuerdos? ¿Estamos cumpliendo con las obligaciones ante los Registros y los estándares de diligencia como administradores?

Dentro de las Juntas y Asambleas anuales sin duda un aspecto destacable es el de las cuentas anuales. ¿Cuáles son las fechas límites para formular, aprobar, auditar y depositar las cuentas? ¿Si formulo ahora las cuentas me condiciona la fecha límite para celebrar la Junta/Asamblea? ¿Cómo nos van a afectar los hechos posteriores al cierre en el informe de auditoría?

Para aclarar estas dudas y otras muchas os convocamos al próximo webinar del día 30 de abril a las 12:00 horas.

Contaremos como ponentes a:

  • Jon Lacunza: Socio Director del área Societaria de LKS Next LEGAL
  • Pedro Maria Jauregui: Socio de LKS AUDITORES

 

APUNTATE AQUI
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Compatibilidad entre las indemnizaciones en contratos del sector público con motivo de la suspensión de la actividad y los ERTE derivados de dicha suspensión

Dada la prolija actividad normativa de los últimos tiempos como consecuencia del COVID-19, desde LKS Next Legal queremos aclarar uno de los aspectos más controvertidos de las normas aprobadas estas semanas atrás, y más concretamente la aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y la compatibilidad entre las indemnizaciones en materia de contratos del sector público con motivo de la suspensión de la actividad y las medidas por posibles expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados de dicha suspensión.

El Real Decreto-ley 8/2020 contempla en su artículo 34 las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19, previendo el derecho de los contratistas a percibir de los órganos de contratación, y a modo de indemnización, los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato y durante el período de suspensión, que incluirán asimismo las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta previsión se realiza con respecto a los contratos de prestación de servicios y suministros de prestación sucesiva, y en los contratos públicos de obras, siempre que se haya producido la suspensión del contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo.

Por otra parte la incertidumbre generada por la pandemia y los efectos directos e indirectos en la coyuntura económica ha propiciado que se haya generalizado la solicitud de ERTEs, que si bien permiten a las empresas una mayor flexibilidad laboral para capear las consecuencias derivadas del COVID-19, suponen asimismo un esfuerzo de carácter económico también para los empleados o los socios-trabajadores de las mismas, dado que ven deducido su sueldo, les afecta a la prestación por desempleo, etcétera.

Las conclusiones que LKS Next Legal ha alcanzado en relación a la compatibilidad de ambas medidas, y que posteriormente se han visto refrendadas por diversas resoluciones de órganos con competencia en la resolución de los expedientes de ERTE como por ejemplo la a Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, es que las empresas contratistas del Sector Público que pretendiesen hacer uso de los ERTE, y cuando afecte al personal adscrito a la prestación de ese servicio, suministro u obra, habrán de actuar instando los mecanismos indemnizatorios previstos en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, puesto que esta norma de carácter especial contempla un régimen ampliado de indemnizaciones respecto a los ERTE y que incluye, entre otros, los gastos salariales que deberán ser abonados por la entidad adjudicadora del contrato, incluyendo la Seguridad Social.

Ha de considerarse asimismo que el hecho de que sea otorgado el ERTE –incluso con la poco habitual del silencio positivo por el transcurso de 5 días naturales desde la presentación de la solicitud- no obsta para que la concesión de la prestación a empresas con contratos con el Sector Público no pueda resultar posteriormente revisada en base a la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, que establece un régimen sancionador y de reintegro de prestaciones indebidas cuando la conducta de la empresa consista en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. Paralelamente cabría la apertura de expedientes sancionadores.

Por lo tanto, en los casos de empresas que cuentes con contratos con el Sector Público se recomienda que de forma previa a iniciar el procedimiento de solicitud de un ERTE se analice pormenorizadamente la posibilidad de que su caso esté amparado por el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19.

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Implicaciones fiscales COVID-19 (V)

Después de nuestro último post explicándoos las medidas de índole fiscal aprobadas en el Gipuzkoa y Navarra y a pesar de que ha habido novedades en todos los territorios que modifican en parte las medidas inicialmente anunciadas, con la Campaña de Renta y Patrimonio a la vuelta de la esquina no podemos olvidarnos de contar cómo le afecta el COVID-19.

En el caso de Gipuzkoa, el BOG de 30 de marzo publicó la Orden Foral 132/2020 de 26 de marzo por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del IRPF y del IP correspondientes al período impositivo 2019, así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso. Debido a la crisis sanitaria asociada al COVID-19, se introducen las siguientes medidas excepcionales:

  • Se retrasa el inicio del plazo de presentación de las autoliquidaciones del IRPF en su modalidad mecanizada hasta que la situación lo aconseje. Este retraso no afecta al inicio de las modalidades de propuesta de autoliquidación o internet, que se iniciarán con normalidad.

 

  • Se alarga la campaña un mes más, finalizando el día 29 de julio. De esta forma, el cargo de la domiciliación sería el día 30 de julio. Este plazo afecta tanto al IRPF en todas sus modalidades (aceptación de propuestas, mecanizada e internet) como al Impuesto sobre el Patrimonio.

 

En Araba, por su parte, a través de la Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo, que aprueba las normas y modalidades para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2019 publicada en el BOTHA el 1 de abril, se amplían los plazos de presentación que suelen ser habituales en función del tipo de sistema empleado:

1. “rentafácil”

  • Las confirmaciones de las propuestas de declaración podrán realizarse del 15 de abril al 28 de octubre de 2020.

 

  • Las modificaciones de estas propuestas podrán realizarse, con carácter general, en las oficinas de la Hacienda Foral, del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2020.

 

2. “rent@raba”

Fecha de inicio.

  • En las Entidades Financieras colaboradoras y a través de las Gestorías o Asesorías acreditadas ante la Diputación Foral de Álava: 15 de abril de 2020, si bien condicionado a la situación del COVID-19.

 

  • En las oficinas de la Hacienda Foral: 8 de septiembre de 2020.

Fecha de finalización.

  • En las oficinas de la Hacienda Foral: 28 de octubre de 2020

 

  • En las Entidades Financieras colaboradoras y a través de las Gestorías o Asesorías acreditadas ante la Diputación Foral de Álava: 30 de octubre de 2020.

 

“rentared”

  • Fecha de inicio: 15 de abril de 2020.

 

  • Fecha de finalización: 30 de octubre de 2020.

 

Mientras que en Bizkaia se mantiene la fecha de inicio del plazo voluntario de presentación en el 4 de mayo de 2020, pero se deja para un futuro la determinación del término de dichos plazos, que coincidirá con la finalización del plazo de dos meses a partir del momento en el que se puedan prestar los servicios de atención presencial en las oficinas de la Hacienda Foral de Bizkaia y en las de las entidades colaboradoras en la confección de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así se dispone en el BOB de misma fecha (1 de abril) a través de la Orden Foral 685/2020, de 26 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifican la Orden Foral 541/2020 y la Orden Foral 540/2020 que aprueban los modelos de IRPF e IP respectivamente.

Veremos cómo evoluciona la fiscalidad asociada al COVID-19 para poder contártelo.

Desde LKS Next LEGAL nos gusta mantenerte informado de todas las novedades fiscales que consideramos son de tu interés. No obstante, si tienes alguna duda o quieres que tratemos cualquier otro asuntocontacta con nosotros. Estamos encantados de atenderte.

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Los acuerdos restrictivos de la competencia durante la pandemia del COVID-19

La actual crisis del CORONAVIRUS (COVID-19) ha impactado de manera directa en nuestras empresas, en los comercios y en la manera de llevar a cabo las relaciones comerciales. Tanto es así que las Autoridades de Competencia extreman la vigilancia de los cárteles en tiempos de crisis por ser los acuerdos colusorios los que más perjudican a la competencia. Sus consecuencias son las más graves, tanto para la economía o el mercado como para los consumidores. Pero, ¿cómo se aplican las normas de competencia durante el coronavirus? ¿Puedo pactar con mi competidor para obtener una alianza que mejore mi posición en tiempos de crisis? ¿Puedo pactar subidas de precios de los que ahora se consideran productos básicos?

La normativa de competencia y la vigilancia en su cumplimiento se refuerzan, pero siguen surgiendo dudas al respecto. Para resolver estas cuestiones, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (“CNMC”) junto con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y el resto de Autoridades Europeas de Competencia (denominadas en inglés, “European Competition Network”), han acordado una declaración conjunta sobre la aplicación de la normativa de competencia durante la crisis del Coronavirus (COVID-19).

En la mencionada comunicación, las Autoridades de Competencia afirman que esta situación extraordinaria generada por la pandemia puede desencadenar necesidades en las empresas para cooperar entre sí y asegurar así el suministro y la distribución de ciertos productos escasos para los consumidores. En este sentido, afirman en la comunicación que no intervendrán activamente contra las medidas necesarias y temporales que se tomen para evitar la escasez de oferta.

La decisión de las autoridades de no perseguir este tipo de medidas se basa en que, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, resultaría poco probable que las medidas fueran problemáticas desde el punto de vista del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea porque generarían eficiencias que muy probablemente superarían cualquier restricción de competencia. El mencionado artículo regula, en concreto, la prohibición expresa de los acuerdos que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

Por otro lado, la pandemia ha generado un cambio en el mercado de productos de primera necesidad, como lo pueden ser ahora las mascarillas, geles desinfectantes, los Equipos de Protección Individual, entre otros. Entre los servicios básicos, en estos momentos, los supermercados, servicios funerarios y farmacias, entre otros, son los más demandados.

Así pues, las Autoridades de Competencia señalan que, asegurar  la disponibilidad de estos productos considerados esenciales a precios competitivos será uno de sus principales objetivos. Debido a esto, las Autoridades de Competencia de los diferentes Estados Miembros vigilarán más de cerca a aquellas empresas que pretendan aprovecharse de la situación creando cárteles de precios de los productos esenciales o abusando de su posición de dominio, ambas actividades prohibidas en el marco del Derecho de la Competencia.

En el Estado de Alarma en el que estamos inmersos, en España no está permitido el denominado “cártel de crisis”. Dicho de otra manera, los acuerdos por tiempo limitado entre competidores para hacer frente a una situación de emergencia están prohibidos.

Si bien es cierto que, en países como Reino Unido y Países Bajos, ya se están autorizando ciertos acuerdos de este tipo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española ha dejado bien claro que “extrema la vigilancia ante posibles abusos o prácticas que pudieran entorpecer el abastecimiento o producir encarecimiento de los productos necesarios para la protección de la salud ante esta emergencia sanitaria”.

Por ello y, aunque la situación sea de extrema gravedad, no todo acuerdo es válido entre competidores. La normativa de competencia seguirá vigente y las autoridades extremaran su vigilancia, incluso estableciendo, como así lo ha hecho la CNMC, un correo electrónico como buzón específico de denuncias y consultas de competencia relacionadas con el COVID-19.

Así, si las empresas tienen dudas sobre la compatibilidad de las iniciativas de cooperación entre las mismas con el derecho de la competencia de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, LKS Next LEGAL puede prestar asesoramiento para dirigir cualquier consulta a las autoridades pertinentes o a cualquier organismo de defensa de la competencia nacional.

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Implicaciones fiscales COVID-19 (IV)

Hasta ahora hemos dado unas pinceladas de las medidas de índole fiscal aprobadas en el Estado, en Bizkaia y en Álava. Nos faltaban Gipuzkoa y Navarra, os lo contamos a continuación.

En el caso de Gipuzkoa, el pasado 25 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por elque se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 cuyas principales medidas son las siguientes:

 

  • El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero se ampliará hasta el 27 de abril de 2020 para quienes deban presentarla de forma telemática obligatoriamente en virtud de la normativa tributaria.

 

  • El plazo de presentación de las autoliquidaciones que no estén sujetas a un período impositivo o a un período de liquidación y que deban presentarse de forma telemática se extenderá hasta el 27 de abril de 2020, siempre que el vencimiento del mismo se haya producido entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020.

 

  • Los plazos de presentación correspondientes a las declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 8 de abril de 2020 se ampliarán hasta el 27 de abril de 2020, cuando se deba presentar obligatoriamente de forma telemática.

 

  • Los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación correspondientes al SII que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, se extenderán hasta el 27 de abril de 2020.

 

  • Aplazamientos y fraccionamientos vigentes. Se retrasa un mes el pago de los vencimientos de 25 de marzo y 10 de abril de 2020 de los aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, esto es, hasta el 27 de abril y 11 de mayo de 2020, respectivamente, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos posteriores.

 

En el caso de Navarra, fue un día más tarde, el 26 de marzo, la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), cuyas principales medidas son:

 

  • El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del IVA y de las retenciones a cuenta del IRPF o del IS o del IRNR correspondientes al mes de febrero, así como el de las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o en abril, se amplía hasta el 30 de abril de 2020.

 

  • Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.

 

  • Se introducen reglas para el aplazamiento excepcional de deudas tributarias.

 

Pero no acaba todo aquí, también ha habido impacto en las campañas de Renta y Patrimonio, lo retomaremos próximamente.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (VI. Parte)

El 1 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Este Real Decreto-ley establece medidas de calado en diferentes ámbitos. En lo que al ámbito laboral y de la seguridad social se refiere, estas son las novedades a destacar:

  • Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social: Podrán beneficiarse de este nuevo subsidio las personas de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes del 14 de marzo que con posterioridad a esa fecha a) Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal o b) Hayan visto extinguido su contrato de trabajo por despido o por desistimiento del empleador o empleadora.

 

  • Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal: Tendrán derecho a este subsidio aquellas personas que a) cuyo contrato de trabajo de al menos 2 meses de duración se haya extinguido con posterioridad al 14 de marzo b) carezcan de rentas y c) no reúnan el periodo de cotización necesario para acceder a otra prestación.

 

  • Se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de cuotas.

 

  • Se permite el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

 

  • Ampliación en las universidades la duración de los contratos del personal docente e investigador por duración equivalente al tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas.

 

  • Posibilidad de prorrogar los contratos de duración determinada de los investigadores por hasta 3 meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

 

  • Sujeción del compromiso del mantenimiento del empleo a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

  • Se extiende la incapacidad temporal a las personas trabajadoras de servicios esenciales en caso de confinamiento total.

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El COVID-19 y su implicación en el ámbito digital

El Gobierno de España ha encomendado a través de la Orden SND/297/2020 a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, diversas actuaciones enfocadas en las nuevas tecnologías con el objetivo de frenar el impacto del Covid-19.

El primero, consiste en una aplicación móvil que tiene como objetivo realizar diagnósticos a intervalos regulares del usuario para saber si se encuentra infectado por el Covid-19 y así evitar el colapso de los servicios telefónicos de asistencia. El segundo, trata de un estudio realizado conjuntamente con las operadoras de telefonía para analizar la movilidad de los ciudadanos en los días previos y durante el confinamiento. Como es lógico, la ejecución de ambos proyectos implica el tratamiento masivo de datos de carácter personal.

La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado recientemente un informe sobre los diferentes tratamientos de datos realizados con motivo del Covid-19. Dicho informe recoge, en primer lugar, que el propio Reglamento General de Protección de Datos reconoce de forma explícita que, en situaciones de emergencia como una pandemia, la base jurídica para el tratamiento de datos personales puede ser la misión realizada en interés público o el interés vital del interesado u otra persona (artículo 6.d) y e) del RGPD).

En el caso de la aplicación, los datos personales tratados, por ser datos de salud, tienen la consideración de datos especialmente protegidos, su tratamiento está prohibido salvo por varias excepciones tasadas, entre las cuales se encuentra que el tratamiento sea necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, por razones de un interés público esencial o para fines de medicina preventiva o laboral. Por lo tanto, la propia normativa de protección de datos ampara el tratamiento de dichos datos de salud a través de la aplicación que, en todo caso, se obtienen porque el propio usuario otorga su consentimiento al instalar la aplicación y aceptar los términos de uso.

En el caso del estudio de la geolocalización de los ciudadanos a través de sus dispositivos móviles, como los datos que se van a recabar únicamente son los movimientos de circulación de los ciudadanos de forma agregada y no trazable, esto impide que se pueda identificar al individuo, por lo que dicha información no tiene la consideración de dato de carácter personal y no es necesario el consentimiento del interesado para su tratamiento. Por lo tanto, el objetivo no es comprobar si el ciudadano concreto incumple las medidas de confinamiento, si no verificar que, en general, dichas medidas son efectivas y actuar en consecuencia.

En definitiva, parece que ambos proyectos se encuentran amparados plenamente por el ordenamiento jurídico, aun cuando no dejan de ser medidas excepcionales que intentan revertir la situación de emergencia provocada por el Covid-19.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (V. Parte)

El 29 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales (en adelante, “Real Decreto-ley”).

Este Real Decreto-ley viene a profundizar más en las restricciones a la movilidad establecidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Real Decreto-ley establece un permiso retribuido recuperable con las siguientes particularidades:

  • el permiso retribuido es recuperable y de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
  • el permiso es de aplicación para todas las personas trabajadoras que prestan servicios en empresas e instituciones, públicas y privadas, cuya actividad no ha sido paralizada por la declaración del estado de alarma. En cualquier caso el Real Decreto-ley regula algunas excepciones.
    • Que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de la norma.
    • Que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el citado anexo.
    • Contratados por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso retribuido recuperable.
    • Que se encuentren de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
    • Que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

 

Las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

La recuperación de las horas disfrutadas por el permiso podrá hacerse efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, que tendrá una duración máxima de 7 días. En el caso de no existir representación legal de los trabajadores en la empresa se constituirá por los trabajadores en el plazo de 5 días una comisión representativa de estos.

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable.

En los casos en que resulte imposible interrumpir inmediatamente la actividad, las personas trabajadoras podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020, con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido en este Real Decreto-ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley, el Gobierno Vasco ofrece desde hoy en su página web un formulario de acreditación para facilitar la movilidad de las personas trabajadoras de empresas de actividades esenciales.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (IV. Parte)

El 28 de marzo de 2020, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Este Real Decreto-ley incluye una serie de medidas en el orden laboral entre ellas:

  • La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada derivadas del COVID-19 no se podrán entender como justificativas de extinciones ni de despidos.

 

  • La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, vía ERTE por las causas de fuerza mayor, económica, técnica, organizativa y de producción derivadas de COVID-19 supondrá tanto la interrupción del cómputo de su duración como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, respecto de las personas trabajadoras afectadas.

 

  • Agilización de la tramitación y abono de prestaciones por desempleo:
    • El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo extraordinaria se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa en representación de los trabajadores.

 

  • La solicitud se presentará en el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE en caso de fuerza mayor y desde la notificación de la decisión adoptada en el ERTE a la autoridad laboral en caso de tratarse de ERTE por causas objetivas.

 

  • El no comunicar con toda la información o hacerlo fuera de plazo es sancionable (infracción grave)

 

  • Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.

 

  • Los expedientes de regulación de empleo autorizados por fuerza mayor estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, y se extienden como máximo mientras dure el estado de alarma decretado por el RD 463/2020 y sus posibles prórrogas.

 

  • Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran:
    • falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, particularmente cuando den lugar a prestaciones que no debieran haberse producido o.
    • en caso de que las medidas solicitadas no resultan necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina.

 

Darán lugar a la revisión de oficio de la prestación reconocida indebidamente a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma.

  • En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

 

  • El Real Decreto-ley entrará en vigor el 28 de marzo de 2020 manteniendo su vigencia, durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 

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Implicaciones fiscales COVID-19 (3. Parte)

Ya os avanzamos en este post que os hablaríamos de lo que se ha publicado en Álava en relación al COVID-19.

Pues bien, el pasado 20 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de marzo que aprueba medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Podemos destacar las siguientes medidas:

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales correspondientes al mes de febrero se extenderá durante los 12 días naturales siguientes al momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, o, en su caso, las prórrogas del referido estado.

 

Es decir, mientras no se publique la prórroga del estado de alarma que se cita en los medios de comunicación, hasta el 10 de abril de 2020.

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales correspondientes al mes de marzo se extenderá durante los 25 días naturales siguientes al momento en que cese el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del referido estado.

 

Es decir, mientras no se publique la prórroga del estado de alarma que se cita en los medios de comunicación, hasta el 23 de abril de 2020.

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

 

  • El cómputo del plazo de contestación a los requerimientos individualizados de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la Administración se suspenderá entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.

 

  • En el caso de aplazamientos vigentes, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de abril de los aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, con requisitos.

 

Próximamente os informaremos de lo que se ha aprobado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

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