LKS Next LEGAL participa en el Título de Experto en Derecho Digital de la Universidad de Deusto

Nuestra compañera Lucía Arriola, Socia de LKS Next LEGAL y experta en Derecho Digital, ha participado recientemente en el módulo de ciberseguridad del Título de Experto en Derecho Digital de la Universidad de Deusto.

En este Título propio de la Universidad de Deusto intervienen destacados ponentes del ámbito público y privado.

En su intervención, realizada de manera telemática, Lucía Arriola abordó cuestiones tan relevantes en estos momentos como la protección de la información en el mundo digital, la Directiva 2016/1148 de 6 de julio de 2016 NIS (Network and Information Security) y su transposición, los requisitos de seguridad y notificación de incidentes por parte de operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales, la industria de ciberseguridad en el área de las tecnologías y soluciones de seguridad on-line, y las políticas de seguridad en las organizaciones.

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COVID-19: Efectos en el cumplimiento de los contratos civiles y mercantiles y las medidas en el ámbito concursal

La pandemia del COVID-19 ha interrumpido inesperadamente el tráfico económico y sus efectos son difíciles de prever en la actividad de las empresas. En este contexto, es posible que las empresas sean incapaces de cumplir compromisos previamente acordados o se vean obligados a modularlos.

La legislación española dispone de mecanismos en el ámbito de obligaciones y contratos para solventar las diversas situaciones que puedan darse pero sin perder de vista la particularidad de cada contrato.

Asimismo, debe hacerse una mención especial a las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno (RD 463/2020, de 14 de marzo, junto con RD 465/2020, de 17 de marzo y  RD-L 8/2020, de 17 de marzo y el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril) con incidencia en los contratos civiles y mercantiles (principalmente arrendamiento de inmuebles para uso distinto de vivienda) y en el ámbito de las insolvencias.

En suma, la pandemia provocada por el COVID-19 ha traído consigo una gran incertidumbre económica y jurídica, cuyos efectos solo son mitigables a través de decisiones urgentes y concretas que pueden ser distintas en función del tipo de contrato afectado. Se trata de un contexto de análisis especialmente complicado donde es difícil prever todas las respuestas pero sí conviene asesorarse legalmente para plantear y analizar las decisiones a adoptar y, que las mismas  se ajusten a la cambiante normativa que se sucede en estos tiempos.

Por otro lado, es previsible que la actual coyuntura económica tenga como consecuencia el incremento de situaciones de insolvencia por las referidas medidas urgentes del Gobierno van encaminadas a paliar estas previsibles situaciones posibilitando modulaciones a la legislación en vigor. Según datos recientes del Ministerio de Justicia, los concursos de acreedores van a aumentar un 246% este año y un 619% en el ejercicio 2021. Conviene por tanto conocer la nueva realidad concursal.

Por todo ello te convocamos el próximo día 20 de mayo a un WEBINAR a las 12:00 horas donde hablaremos de:

Efectos en los contratos civiles y mercantiles 

  • Fuerza mayor
  • Rebus sic stantibus
  • Contratos de arrendamiento de local para uso distinto de vivienda
  • Contratos de prestación de servicios
  • Contratos de compraventa
  • Contratos de obra
  • Contratos de suministro

 

Contaremos para todo ello con la participación de:

  • Dña. Marta Dorronsoro Fernández de Viana, Socia sénior del área de mercantil general
  • Iñaki Ruiz de Azúa de Andrés, Abogado sénior del área de mercantil contencioso

 

Medidas en el ámbito concursal

  • Régimen especial de la solicitud de declaración de concurso de acreedores
  • Acuerdos de refinanciación, financiaciones por las personas o sociedades relacionadas con el deudor y acuerdos extrajudiciales de pago
  • Modificación del convenio concursal ya aprobado
  • Novedades en la fase de liquidación del concurso. Suspensión de la causa de disolución de las sociedades por pérdidas
  • Medidas de agilización del procedimiento concursal

 

Contaremos para ello con :

D.José Ángel Rubio Gaspar. Socio responsable del área de mercantil contencioso.

Si lo consideras de interés, no dudes en inscribirte en el siguiente formulario:

INSCRIPCIONES AQUÍ
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Medidas laborales contra el Covid-19 (VII. Parte)

El pasado, 22 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Este Real Decreto-ley recoge numerosas medidas en las que en el plano laboral debemos destacar las siguientes:

  • Se prorroga por 3 meses la preferencia del trabajo a distancia y el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

 

  • Se amplía la protección por desempleo a las extinciones de contratos en periodo de prueba durante el estado de alarma: Se econtrarán en situación legal de desempleo las personas trabajadoras que
    • Cuyos contratos han sido extinguidos por la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo o,
    • Que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19.

 

  • Posibilidad de existencia de fuerza mayor parcial en empresas de actividades esenciales.

 

  • Nueva infracción muy grave y sanción específica para solicitudes fraudulentas de ERTE: Se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para:
    • Tipificar como infracción muy grave,la presentación de solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados. En ese caso se responsabiliza a la empresa directamente en la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores y trabajadoras.
    • La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al periodo de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.

 

  • Protección por desempleo de fijos-discontinuos y trabajadores fijos y periódicos repetidos en fechas ciertas: Se amplía la cobertura por desempleo, a aquellas personas trabajadoras que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas, como consecuencia del COVID-19.

 

  • Posibilidad de prórroga la duración de los contratos predoctorales para el personal investigados en formación: Se incluye la posibilidad de que lasentidades que formen parte del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación prorroguen los contratos predoctorales que finalicen desde el 2 de abril de 2020cuando se encuentren dentro de los últimos 12 meses del contrato,  en las condiciones de la disposición adicional 14ª del RDL.

 

  • Medidas en relación con el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social de empresas y autónomos:
    • Se simplifica el procedimiento de resolución de aplazamiento, concediéndose mediante una única resolución, con independencia del número de mensualidades comprendidas.
    • Se fija el plazo de amortización y el pago escalonado de la deuda de forma que se hará mediante pagos mensuales y en un plazo de 4 meses por cada mensualidad solicitada, sin exceder de 12 mensualidades.
    • La solicitud de aplazamiento determina la suspensión del procedimiento recaudatorio de las deudas afectadas y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte dicha resolución.
    • El aplazamiento es incompatible con la moratoria de cotizaciones sociales a empresas y autónomos, considerándose no presentadas las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado y concedido la referida moratoria.
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Implicaciones fiscales Covid-19 (VI)

Tras las “vacaciones” de Semana Santa y con la Campaña del IRPF empezada o a punto de empezar, los contribuyentes y quienes nos dedicamos al mundo de la fiscalidad teníamos la mira puesta en la Campaña del Impuesto sobre Sociedades. Y no ha tardado en hacerse notar.

Gipuzkoa informó ayer en su web que dada la situación excepcional creada por el COVID19, se prevé establecer diferentes períodos para las entidades obligadas a presentar el Impuesto sobre Sociedades:

  • Para las micro, pequeñas y medianas empresas, entidades parcialmente exentas, entidades acogidas a la Norma Foral 3/2004 y las sociedades patrimoniales, se establece un plazo de presentación desde el 1 al 25 de septiembre de 2020, siendo el plazo para el ingreso el 26 de septiembre de 2020. Todo ello sin perjuicio de que estas entidades puedan optar por presentar su declaración en el plazo que se indica en el punto siguiente, en cuyo caso la fecha para el ingreso será el 27 de julio.

 

  • Para el resto de entidades no comprendidas en el punto anterior, no se modifica ni el plazo de presentación ni el pago del mismo. Es decir, plazo de presentación desde el 1 hasta el 27 de julio de 2020, y plazo de ingreso, en su caso, 28 de julio de 2020.

 

Mientras que Bizkaia lo ha hecho de forma algo diferente mediante la publicación del Decreto Foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19 en virtud del cual se amplía el período voluntario de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para las microempresas y para las pequeñas empresas que aprueben sus cuentas anuales en un plazo posterior a los 6 meses siguientes a la finalización del período impositivo, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, hasta el día 25 del mes siguiente a aquél en el que aprueben sus cuentas.

Dicho Decreto Foral Normativo 3/2020 recoge más medidas de índole fiscal que esperemos sean de vuestro interés en el próximo post. Quizá para entonces también tengamos novedades de Álava.

Desde LKS Next LEGAL nos gusta mantenerte informado de todas las novedades fiscales que consideramos son de tu interés. No obstante, si tienes alguna duda o quieres que tratemos cualquier otro asuntocontacta con nosotros. Estamos encantados de atenderte.

 

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Las Juntas y Asambleas de 2020 con el Covid-19. Las Cuentas Anuales bajo la visión legal y de auditoría

El confinamiento y la necesidad de distancia entre las personas, han llevado a posponer en muchos casos la celebración de Juntas y Asambleas Generales de empresas y organizaciones de todo tipo que cuentan con un alto número de socios y socias con derecho de participación y voto.

Se han publicado además distintas normativas en relación a cómo deben celebrarse las Juntas y Asambleas Generales con todas las garantías legales.

Ante esa situación surgen dudas en cuanto a la fecha de realización y la forma de su celebración, ¿antes del verano o después? ¿presencial, virtual, o mixto? ¿Validez de los acuerdos? ¿Estamos cumpliendo con las obligaciones ante los Registros y los estándares de diligencia como administradores?

Dentro de las Juntas y Asambleas anuales sin duda un aspecto destacable es el de las cuentas anuales. ¿Cuáles son las fechas límites para formular, aprobar, auditar y depositar las cuentas? ¿Si formulo ahora las cuentas me condiciona la fecha límite para celebrar la Junta/Asamblea? ¿Cómo nos van a afectar los hechos posteriores al cierre en el informe de auditoría?

Para aclarar estas dudas y otras muchas os convocamos al próximo webinar del día 30 de abril a las 12:00 horas.

Contaremos como ponentes a:

  • Jon Lacunza: Socio Director del área Societaria de LKS Next LEGAL
  • Pedro Maria Jauregui: Socio de LKS AUDITORES

 

APUNTATE AQUI
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Compatibilidad entre las indemnizaciones en contratos del sector público con motivo de la suspensión de la actividad y los ERTE derivados de dicha suspensión

Dada la prolija actividad normativa de los últimos tiempos como consecuencia del COVID-19, desde LKS Next Legal queremos aclarar uno de los aspectos más controvertidos de las normas aprobadas estas semanas atrás, y más concretamente la aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y la compatibilidad entre las indemnizaciones en materia de contratos del sector público con motivo de la suspensión de la actividad y las medidas por posibles expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados de dicha suspensión.

El Real Decreto-ley 8/2020 contempla en su artículo 34 las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19, previendo el derecho de los contratistas a percibir de los órganos de contratación, y a modo de indemnización, los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato y durante el período de suspensión, que incluirán asimismo las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta previsión se realiza con respecto a los contratos de prestación de servicios y suministros de prestación sucesiva, y en los contratos públicos de obras, siempre que se haya producido la suspensión del contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo.

Por otra parte la incertidumbre generada por la pandemia y los efectos directos e indirectos en la coyuntura económica ha propiciado que se haya generalizado la solicitud de ERTEs, que si bien permiten a las empresas una mayor flexibilidad laboral para capear las consecuencias derivadas del COVID-19, suponen asimismo un esfuerzo de carácter económico también para los empleados o los socios-trabajadores de las mismas, dado que ven deducido su sueldo, les afecta a la prestación por desempleo, etcétera.

Las conclusiones que LKS Next Legal ha alcanzado en relación a la compatibilidad de ambas medidas, y que posteriormente se han visto refrendadas por diversas resoluciones de órganos con competencia en la resolución de los expedientes de ERTE como por ejemplo la a Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, es que las empresas contratistas del Sector Público que pretendiesen hacer uso de los ERTE, y cuando afecte al personal adscrito a la prestación de ese servicio, suministro u obra, habrán de actuar instando los mecanismos indemnizatorios previstos en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, puesto que esta norma de carácter especial contempla un régimen ampliado de indemnizaciones respecto a los ERTE y que incluye, entre otros, los gastos salariales que deberán ser abonados por la entidad adjudicadora del contrato, incluyendo la Seguridad Social.

Ha de considerarse asimismo que el hecho de que sea otorgado el ERTE –incluso con la poco habitual del silencio positivo por el transcurso de 5 días naturales desde la presentación de la solicitud- no obsta para que la concesión de la prestación a empresas con contratos con el Sector Público no pueda resultar posteriormente revisada en base a la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, que establece un régimen sancionador y de reintegro de prestaciones indebidas cuando la conducta de la empresa consista en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. Paralelamente cabría la apertura de expedientes sancionadores.

Por lo tanto, en los casos de empresas que cuentes con contratos con el Sector Público se recomienda que de forma previa a iniciar el procedimiento de solicitud de un ERTE se analice pormenorizadamente la posibilidad de que su caso esté amparado por el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19.

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Implicaciones fiscales COVID-19 (V)

Después de nuestro último post explicándoos las medidas de índole fiscal aprobadas en el Gipuzkoa y Navarra y a pesar de que ha habido novedades en todos los territorios que modifican en parte las medidas inicialmente anunciadas, con la Campaña de Renta y Patrimonio a la vuelta de la esquina no podemos olvidarnos de contar cómo le afecta el COVID-19.

En el caso de Gipuzkoa, el BOG de 30 de marzo publicó la Orden Foral 132/2020 de 26 de marzo por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del IRPF y del IP correspondientes al período impositivo 2019, así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso. Debido a la crisis sanitaria asociada al COVID-19, se introducen las siguientes medidas excepcionales:

  • Se retrasa el inicio del plazo de presentación de las autoliquidaciones del IRPF en su modalidad mecanizada hasta que la situación lo aconseje. Este retraso no afecta al inicio de las modalidades de propuesta de autoliquidación o internet, que se iniciarán con normalidad.

 

  • Se alarga la campaña un mes más, finalizando el día 29 de julio. De esta forma, el cargo de la domiciliación sería el día 30 de julio. Este plazo afecta tanto al IRPF en todas sus modalidades (aceptación de propuestas, mecanizada e internet) como al Impuesto sobre el Patrimonio.

 

En Araba, por su parte, a través de la Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo, que aprueba las normas y modalidades para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2019 publicada en el BOTHA el 1 de abril, se amplían los plazos de presentación que suelen ser habituales en función del tipo de sistema empleado:

1. “rentafácil”

  • Las confirmaciones de las propuestas de declaración podrán realizarse del 15 de abril al 28 de octubre de 2020.

 

  • Las modificaciones de estas propuestas podrán realizarse, con carácter general, en las oficinas de la Hacienda Foral, del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2020.

 

2. “rent@raba”

Fecha de inicio.

  • En las Entidades Financieras colaboradoras y a través de las Gestorías o Asesorías acreditadas ante la Diputación Foral de Álava: 15 de abril de 2020, si bien condicionado a la situación del COVID-19.

 

  • En las oficinas de la Hacienda Foral: 8 de septiembre de 2020.

Fecha de finalización.

  • En las oficinas de la Hacienda Foral: 28 de octubre de 2020

 

  • En las Entidades Financieras colaboradoras y a través de las Gestorías o Asesorías acreditadas ante la Diputación Foral de Álava: 30 de octubre de 2020.

 

“rentared”

  • Fecha de inicio: 15 de abril de 2020.

 

  • Fecha de finalización: 30 de octubre de 2020.

 

Mientras que en Bizkaia se mantiene la fecha de inicio del plazo voluntario de presentación en el 4 de mayo de 2020, pero se deja para un futuro la determinación del término de dichos plazos, que coincidirá con la finalización del plazo de dos meses a partir del momento en el que se puedan prestar los servicios de atención presencial en las oficinas de la Hacienda Foral de Bizkaia y en las de las entidades colaboradoras en la confección de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así se dispone en el BOB de misma fecha (1 de abril) a través de la Orden Foral 685/2020, de 26 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifican la Orden Foral 541/2020 y la Orden Foral 540/2020 que aprueban los modelos de IRPF e IP respectivamente.

Veremos cómo evoluciona la fiscalidad asociada al COVID-19 para poder contártelo.

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Los acuerdos restrictivos de la competencia durante la pandemia del COVID-19

La actual crisis del CORONAVIRUS (COVID-19) ha impactado de manera directa en nuestras empresas, en los comercios y en la manera de llevar a cabo las relaciones comerciales. Tanto es así que las Autoridades de Competencia extreman la vigilancia de los cárteles en tiempos de crisis por ser los acuerdos colusorios los que más perjudican a la competencia. Sus consecuencias son las más graves, tanto para la economía o el mercado como para los consumidores. Pero, ¿cómo se aplican las normas de competencia durante el coronavirus? ¿Puedo pactar con mi competidor para obtener una alianza que mejore mi posición en tiempos de crisis? ¿Puedo pactar subidas de precios de los que ahora se consideran productos básicos?

La normativa de competencia y la vigilancia en su cumplimiento se refuerzan, pero siguen surgiendo dudas al respecto. Para resolver estas cuestiones, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (“CNMC”) junto con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y el resto de Autoridades Europeas de Competencia (denominadas en inglés, “European Competition Network”), han acordado una declaración conjunta sobre la aplicación de la normativa de competencia durante la crisis del Coronavirus (COVID-19).

En la mencionada comunicación, las Autoridades de Competencia afirman que esta situación extraordinaria generada por la pandemia puede desencadenar necesidades en las empresas para cooperar entre sí y asegurar así el suministro y la distribución de ciertos productos escasos para los consumidores. En este sentido, afirman en la comunicación que no intervendrán activamente contra las medidas necesarias y temporales que se tomen para evitar la escasez de oferta.

La decisión de las autoridades de no perseguir este tipo de medidas se basa en que, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, resultaría poco probable que las medidas fueran problemáticas desde el punto de vista del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea porque generarían eficiencias que muy probablemente superarían cualquier restricción de competencia. El mencionado artículo regula, en concreto, la prohibición expresa de los acuerdos que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

Por otro lado, la pandemia ha generado un cambio en el mercado de productos de primera necesidad, como lo pueden ser ahora las mascarillas, geles desinfectantes, los Equipos de Protección Individual, entre otros. Entre los servicios básicos, en estos momentos, los supermercados, servicios funerarios y farmacias, entre otros, son los más demandados.

Así pues, las Autoridades de Competencia señalan que, asegurar  la disponibilidad de estos productos considerados esenciales a precios competitivos será uno de sus principales objetivos. Debido a esto, las Autoridades de Competencia de los diferentes Estados Miembros vigilarán más de cerca a aquellas empresas que pretendan aprovecharse de la situación creando cárteles de precios de los productos esenciales o abusando de su posición de dominio, ambas actividades prohibidas en el marco del Derecho de la Competencia.

En el Estado de Alarma en el que estamos inmersos, en España no está permitido el denominado “cártel de crisis”. Dicho de otra manera, los acuerdos por tiempo limitado entre competidores para hacer frente a una situación de emergencia están prohibidos.

Si bien es cierto que, en países como Reino Unido y Países Bajos, ya se están autorizando ciertos acuerdos de este tipo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española ha dejado bien claro que “extrema la vigilancia ante posibles abusos o prácticas que pudieran entorpecer el abastecimiento o producir encarecimiento de los productos necesarios para la protección de la salud ante esta emergencia sanitaria”.

Por ello y, aunque la situación sea de extrema gravedad, no todo acuerdo es válido entre competidores. La normativa de competencia seguirá vigente y las autoridades extremaran su vigilancia, incluso estableciendo, como así lo ha hecho la CNMC, un correo electrónico como buzón específico de denuncias y consultas de competencia relacionadas con el COVID-19.

Así, si las empresas tienen dudas sobre la compatibilidad de las iniciativas de cooperación entre las mismas con el derecho de la competencia de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, LKS Next LEGAL puede prestar asesoramiento para dirigir cualquier consulta a las autoridades pertinentes o a cualquier organismo de defensa de la competencia nacional.

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Implicaciones fiscales COVID-19 (IV)

Hasta ahora hemos dado unas pinceladas de las medidas de índole fiscal aprobadas en el Estado, en Bizkaia y en Álava. Nos faltaban Gipuzkoa y Navarra, os lo contamos a continuación.

En el caso de Gipuzkoa, el pasado 25 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por elque se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 cuyas principales medidas son las siguientes:

 

  • El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero se ampliará hasta el 27 de abril de 2020 para quienes deban presentarla de forma telemática obligatoriamente en virtud de la normativa tributaria.

 

  • El plazo de presentación de las autoliquidaciones que no estén sujetas a un período impositivo o a un período de liquidación y que deban presentarse de forma telemática se extenderá hasta el 27 de abril de 2020, siempre que el vencimiento del mismo se haya producido entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020.

 

  • Los plazos de presentación correspondientes a las declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 8 de abril de 2020 se ampliarán hasta el 27 de abril de 2020, cuando se deba presentar obligatoriamente de forma telemática.

 

  • Los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación correspondientes al SII que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, se extenderán hasta el 27 de abril de 2020.

 

  • Aplazamientos y fraccionamientos vigentes. Se retrasa un mes el pago de los vencimientos de 25 de marzo y 10 de abril de 2020 de los aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, esto es, hasta el 27 de abril y 11 de mayo de 2020, respectivamente, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos posteriores.

 

En el caso de Navarra, fue un día más tarde, el 26 de marzo, la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), cuyas principales medidas son:

 

  • El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del IVA y de las retenciones a cuenta del IRPF o del IS o del IRNR correspondientes al mes de febrero, así como el de las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o en abril, se amplía hasta el 30 de abril de 2020.

 

  • Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.

 

  • Se introducen reglas para el aplazamiento excepcional de deudas tributarias.

 

Pero no acaba todo aquí, también ha habido impacto en las campañas de Renta y Patrimonio, lo retomaremos próximamente.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (VI. Parte)

El 1 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Este Real Decreto-ley establece medidas de calado en diferentes ámbitos. En lo que al ámbito laboral y de la seguridad social se refiere, estas son las novedades a destacar:

  • Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social: Podrán beneficiarse de este nuevo subsidio las personas de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes del 14 de marzo que con posterioridad a esa fecha a) Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal o b) Hayan visto extinguido su contrato de trabajo por despido o por desistimiento del empleador o empleadora.

 

  • Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal: Tendrán derecho a este subsidio aquellas personas que a) cuyo contrato de trabajo de al menos 2 meses de duración se haya extinguido con posterioridad al 14 de marzo b) carezcan de rentas y c) no reúnan el periodo de cotización necesario para acceder a otra prestación.

 

  • Se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de cuotas.

 

  • Se permite el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

 

  • Ampliación en las universidades la duración de los contratos del personal docente e investigador por duración equivalente al tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas.

 

  • Posibilidad de prorrogar los contratos de duración determinada de los investigadores por hasta 3 meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

 

  • Sujeción del compromiso del mantenimiento del empleo a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

  • Se extiende la incapacidad temporal a las personas trabajadoras de servicios esenciales en caso de confinamiento total.

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