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Implicaciones fiscales COVID-19 (IV)

Hasta ahora hemos dado unas pinceladas de las medidas de índole fiscal aprobadas en el Estado, en Bizkaia y en Álava. Nos faltaban Gipuzkoa y Navarra, os lo contamos a continuación.

En el caso de Gipuzkoa, el pasado 25 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por elque se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 cuyas principales medidas son las siguientes:

 

  • El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero se ampliará hasta el 27 de abril de 2020 para quienes deban presentarla de forma telemática obligatoriamente en virtud de la normativa tributaria.

 

  • El plazo de presentación de las autoliquidaciones que no estén sujetas a un período impositivo o a un período de liquidación y que deban presentarse de forma telemática se extenderá hasta el 27 de abril de 2020, siempre que el vencimiento del mismo se haya producido entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020.

 

  • Los plazos de presentación correspondientes a las declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 8 de abril de 2020 se ampliarán hasta el 27 de abril de 2020, cuando se deba presentar obligatoriamente de forma telemática.

 

  • Los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación correspondientes al SII que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, se extenderán hasta el 27 de abril de 2020.

 

  • Aplazamientos y fraccionamientos vigentes. Se retrasa un mes el pago de los vencimientos de 25 de marzo y 10 de abril de 2020 de los aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, esto es, hasta el 27 de abril y 11 de mayo de 2020, respectivamente, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos posteriores.

 

En el caso de Navarra, fue un día más tarde, el 26 de marzo, la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), cuyas principales medidas son:

 

  • El plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del IVA y de las retenciones a cuenta del IRPF o del IS o del IRNR correspondientes al mes de febrero, así como el de las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en marzo o en abril, se amplía hasta el 30 de abril de 2020.

 

  • Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.

 

  • Se introducen reglas para el aplazamiento excepcional de deudas tributarias.

 

Pero no acaba todo aquí, también ha habido impacto en las campañas de Renta y Patrimonio, lo retomaremos próximamente.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (VI. Parte)

El 1 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Este Real Decreto-ley establece medidas de calado en diferentes ámbitos. En lo que al ámbito laboral y de la seguridad social se refiere, estas son las novedades a destacar:

  • Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social: Podrán beneficiarse de este nuevo subsidio las personas de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes del 14 de marzo que con posterioridad a esa fecha a) Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal o b) Hayan visto extinguido su contrato de trabajo por despido o por desistimiento del empleador o empleadora.

 

  • Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal: Tendrán derecho a este subsidio aquellas personas que a) cuyo contrato de trabajo de al menos 2 meses de duración se haya extinguido con posterioridad al 14 de marzo b) carezcan de rentas y c) no reúnan el periodo de cotización necesario para acceder a otra prestación.

 

  • Se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de cuotas.

 

  • Se permite el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

 

  • Ampliación en las universidades la duración de los contratos del personal docente e investigador por duración equivalente al tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas.

 

  • Posibilidad de prorrogar los contratos de duración determinada de los investigadores por hasta 3 meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

 

  • Sujeción del compromiso del mantenimiento del empleo a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

  • Se extiende la incapacidad temporal a las personas trabajadoras de servicios esenciales en caso de confinamiento total.

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El COVID-19 y su implicación en el ámbito digital

El Gobierno de España ha encomendado a través de la Orden SND/297/2020 a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, diversas actuaciones enfocadas en las nuevas tecnologías con el objetivo de frenar el impacto del Covid-19.

El primero, consiste en una aplicación móvil que tiene como objetivo realizar diagnósticos a intervalos regulares del usuario para saber si se encuentra infectado por el Covid-19 y así evitar el colapso de los servicios telefónicos de asistencia. El segundo, trata de un estudio realizado conjuntamente con las operadoras de telefonía para analizar la movilidad de los ciudadanos en los días previos y durante el confinamiento. Como es lógico, la ejecución de ambos proyectos implica el tratamiento masivo de datos de carácter personal.

La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado recientemente un informe sobre los diferentes tratamientos de datos realizados con motivo del Covid-19. Dicho informe recoge, en primer lugar, que el propio Reglamento General de Protección de Datos reconoce de forma explícita que, en situaciones de emergencia como una pandemia, la base jurídica para el tratamiento de datos personales puede ser la misión realizada en interés público o el interés vital del interesado u otra persona (artículo 6.d) y e) del RGPD).

En el caso de la aplicación, los datos personales tratados, por ser datos de salud, tienen la consideración de datos especialmente protegidos, su tratamiento está prohibido salvo por varias excepciones tasadas, entre las cuales se encuentra que el tratamiento sea necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, por razones de un interés público esencial o para fines de medicina preventiva o laboral. Por lo tanto, la propia normativa de protección de datos ampara el tratamiento de dichos datos de salud a través de la aplicación que, en todo caso, se obtienen porque el propio usuario otorga su consentimiento al instalar la aplicación y aceptar los términos de uso.

En el caso del estudio de la geolocalización de los ciudadanos a través de sus dispositivos móviles, como los datos que se van a recabar únicamente son los movimientos de circulación de los ciudadanos de forma agregada y no trazable, esto impide que se pueda identificar al individuo, por lo que dicha información no tiene la consideración de dato de carácter personal y no es necesario el consentimiento del interesado para su tratamiento. Por lo tanto, el objetivo no es comprobar si el ciudadano concreto incumple las medidas de confinamiento, si no verificar que, en general, dichas medidas son efectivas y actuar en consecuencia.

En definitiva, parece que ambos proyectos se encuentran amparados plenamente por el ordenamiento jurídico, aun cuando no dejan de ser medidas excepcionales que intentan revertir la situación de emergencia provocada por el Covid-19.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (V. Parte)

El 29 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales (en adelante, “Real Decreto-ley”).

Este Real Decreto-ley viene a profundizar más en las restricciones a la movilidad establecidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Real Decreto-ley establece un permiso retribuido recuperable con las siguientes particularidades:

  • el permiso retribuido es recuperable y de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
  • el permiso es de aplicación para todas las personas trabajadoras que prestan servicios en empresas e instituciones, públicas y privadas, cuya actividad no ha sido paralizada por la declaración del estado de alarma. En cualquier caso el Real Decreto-ley regula algunas excepciones.
    • Que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de la norma.
    • Que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el citado anexo.
    • Contratados por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso retribuido recuperable.
    • Que se encuentren de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
    • Que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

 

Las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

La recuperación de las horas disfrutadas por el permiso podrá hacerse efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, que tendrá una duración máxima de 7 días. En el caso de no existir representación legal de los trabajadores en la empresa se constituirá por los trabajadores en el plazo de 5 días una comisión representativa de estos.

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable.

En los casos en que resulte imposible interrumpir inmediatamente la actividad, las personas trabajadoras podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020, con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido en este Real Decreto-ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley, el Gobierno Vasco ofrece desde hoy en su página web un formulario de acreditación para facilitar la movilidad de las personas trabajadoras de empresas de actividades esenciales.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (IV. Parte)

El 28 de marzo de 2020, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Este Real Decreto-ley incluye una serie de medidas en el orden laboral entre ellas:

  • La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada derivadas del COVID-19 no se podrán entender como justificativas de extinciones ni de despidos.

 

  • La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, vía ERTE por las causas de fuerza mayor, económica, técnica, organizativa y de producción derivadas de COVID-19 supondrá tanto la interrupción del cómputo de su duración como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, respecto de las personas trabajadoras afectadas.

 

  • Agilización de la tramitación y abono de prestaciones por desempleo:
    • El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo extraordinaria se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa en representación de los trabajadores.

 

  • La solicitud se presentará en el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE en caso de fuerza mayor y desde la notificación de la decisión adoptada en el ERTE a la autoridad laboral en caso de tratarse de ERTE por causas objetivas.

 

  • El no comunicar con toda la información o hacerlo fuera de plazo es sancionable (infracción grave)

 

  • Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.

 

  • Los expedientes de regulación de empleo autorizados por fuerza mayor estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, y se extienden como máximo mientras dure el estado de alarma decretado por el RD 463/2020 y sus posibles prórrogas.

 

  • Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran:
    • falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, particularmente cuando den lugar a prestaciones que no debieran haberse producido o.
    • en caso de que las medidas solicitadas no resultan necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina.

 

Darán lugar a la revisión de oficio de la prestación reconocida indebidamente a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma.

  • En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

 

  • El Real Decreto-ley entrará en vigor el 28 de marzo de 2020 manteniendo su vigencia, durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 

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Implicaciones fiscales COVID-19 (3. Parte)

Ya os avanzamos en este post que os hablaríamos de lo que se ha publicado en Álava en relación al COVID-19.

Pues bien, el pasado 20 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de marzo que aprueba medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Podemos destacar las siguientes medidas:

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales correspondientes al mes de febrero se extenderá durante los 12 días naturales siguientes al momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, o, en su caso, las prórrogas del referido estado.

 

Es decir, mientras no se publique la prórroga del estado de alarma que se cita en los medios de comunicación, hasta el 10 de abril de 2020.

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones mensuales correspondientes al mes de marzo se extenderá durante los 25 días naturales siguientes al momento en que cese el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del referido estado.

 

Es decir, mientras no se publique la prórroga del estado de alarma que se cita en los medios de comunicación, hasta el 23 de abril de 2020.

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

 

  • El cómputo del plazo de contestación a los requerimientos individualizados de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la Administración se suspenderá entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.

 

  • En el caso de aplazamientos vigentes, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de abril de los aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, con requisitos.

 

Próximamente os informaremos de lo que se ha aprobado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (III. Parte)

El pasado día 18 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (en adelante “RD 8/2020”)

Este real decreto-ley se aprueba con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas directamente afectadas.

De esta forma, el RD 8/2020 además de en otras materias, aprueba una serie de medidas en el ámbito laboral como de Seguridad Social que son las que os indicamos a continuación:

  • Teletrabajo: El teletrabajo deberá ser prioritario frente a la suspensión o reducción de jornada. Se permite excepcionalmente que el trabajador realice una autoevaluación de riesgos.

 

  • Adaptación del horario y reducción de jornada: Se regula el derecho a la adaptación de la jornada bien por cuidado de familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o bien por cuidado del cónyuge o pareja de hecho.

 

Se establece una reducción de jornada especial a la que podrá acogerse el trabajador comunicando a su empresa su decisión con un plazo de 24 horas de antelación, pudiendo alcanzar esta el 100% de la jornada, pero deberá estar justificada, ser razonable y proporcionada.

 

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad: Se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos y socios cooperativistas encuadrados como trabajadores por cuenta propia. Deberán cumplirse una serie de condiciones:
    • la actividad se haya visto suspendida a consecuencia del estado de alarma
    • estar al corriente de pago en sus obligaciones
    • que la facturación del mes anterior al que se solicita la prestación se haya visto reducida, al menos, en un 74% con relación al promedio de facturación correspondiente al semestre anterior.

 

  • ERTE por fuerza mayor y por causas objetivas: Con respecto a estos procedimientos se amplía el término fuerza mayor y se agilizan los procedimientos reduciendo los plazos oportunos a la hora de tramitar estos.

 

  • Exoneración de cuotas a la Seguridad Social en caso de ERTE por fuerza mayor: Se establece la exoneración del abono de la aportación empresarial, como el relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta si la empresa tiene menos 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.

 

Si la empresa tuviera 50 o más trabajadores, entonces la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

Para los trabajadores este período tiene la consideración como efectivamente cotizado a todos los efectos.

  • Prestación por desempleo generada como consecuencia de ERTE: Se reconoce la prestación por desempleo aunque el trabajar carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello

No computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que causadas por las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Se tiene derecho a esta prestación tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si se carece del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o bien si no hubiesen percibido prestación por desempleo con anterioridad.

  • Duración de las medidas: Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de este real decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

 

  • Salvaguarda en el empleo: las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el RD-Ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

 

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Implicaciones fiscales COVID-19 (II Parte)

 

Siguiendo con lo que os contábamos en este post, el pasado 18 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19. Y se han aclarado vía Instrucción algunas de las cuestiones para dar mayor seguridad jurídica.

Podemos destacar las siguientes medidas aplicables a los contribuyentes sometidos al sistema tributario del Territorio Historico de Bizkaia, si bien hay más que afectan a quienes realicen actividades económicas y a microempresas y pequeñas empresas.

  • El plazo voluntario para la presentación de autoliquidación o de declaración de los procedimientos tributarios en los que la presentación telemática no se encuentre prevista en la normativa tributaria con carácter obligatorio se extenderá hasta el 1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice con anterioridad a dicha fecha.

 

  • El inicio de los plazos para la interposición de recursos y reclamaciones administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba comenzar a instancia de la persona obligada tributaria se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

 

  • El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero de los procedimientos tributarios en los que la presentación telemática se encuentre prevista en la normativa tributaria con carácter obligatorio se extenderá hasta el 14 de abril de 2020.

A este respecto, la Instrucción aclara lo siguiente:

  • Esta ampliación del plazo de presentación de las autoliquidaciones por parte de los y las contribuyentes obligados a presentar sus autoliquidaciones telemáticamente debe entenderse aplicable a cualquier autoliquidación, y no única y exclusivamente a las correspondientes al mes de febrero. De modo que, por ejemplo, pueden acogerse a esta medida los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades con ejercicio no coincidente con el año natural cuyo plazo voluntario de presentación finalice entre el 16 de marzo y el 13 de abril de 2020.

 

  • Asimismo, esta ampliación del plazo para los contribuyentes obligados a presentar sus declaraciones y autoliquidaciones de forma telemática resulta aplicable a las declaraciones informativas, incluidas las derivadas del Suministro Inmediato de Información (SII).

 

  • El plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 16 de marzo de 2020 se extenderá quince días naturales, es decir, hasta el 31 de marzo de 2020.

 

A este respecto, la Instrucción aclara lo siguiente:

 

  • Debe entenderse que esta medida afecta únicamente a las deudas cuyo período voluntario de pago concluya entre el 16 de marzo y el 13 de abril de 2020.

 

  • Además, esta ampliación del plazo voluntario de pago de las liquidaciones practicadas por la Administración se aplica a todas las personas obligadas tributarias.

 

  • Aplazamientos vigentes. Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de marzo de los aplazamientos que se encuentren concedidos, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes, sin que se devenguen intereses de demora en ninguno de los plazos por el período comprendido entre el 25 de marzo y el 25 de abril de 2020.

 

En el Territorio Histórico de Araba también se han aprobado algunas medidas extraordinarias, de ello os hablaremos en otro momento.

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Implicaciones fiscales COVID-19

Con la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 también se introducen medidas a nivel fiscal.

Podemos destacar la regulación del aplazamiento de deudas tributarias para todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo y hasta el día 30 de mayo de 2020, con requisitos, entre los que se contempla como necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

Parece que la Hacienda foral de Gipuzkoa ha decidido adoptar medidas similares para ofrecer facilidad a las pymes que se están viendo afectadas por la situación generada por el virus COVID-19, si bien aún no son oficiales.

Por otra parte, las Haciendas Forales de Álava y Gipuzkoa están anunciando medidas de cara a la próxima campaña de Renta y Patrimonio, con la finalidad de evitar en lo posible la propagación del virus, y facilitar a las pymes afectadas el pago de sus obligaciones tributarias.

La Hacienda Foral de Álava ha anunciado que modificará los plazos para la Campaña de la Renta e impulsará la tramitación online.

La Diputación foral de Gipuzkoa por su parte ha decidido posponer la modalidad mecanizada de la campaña de la Renta 2019, y ha ampliado el plazo de presentación del resto de declaraciones hasta el 29 de julio de 2020.

En el caso de Bizkaia, el pasado 13 de marzo se publicó en el BOB la regulación de la Campaña de Renta y Patrimonio 2019, pero esperamos que en los próximos días la Diputación Foral anuncie algún tipo de medida en relación con el COVID-19.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (II)

Con fecha 13 de marzo de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Este Real Decreto-ley tiene por objeto la adopción de nuevas medidas para responder al impacto económico negativo que se está produciendo en el ámbito sanitario, en el sector turístico, y sobre las personas afectadas por las medidas de contención adoptadas por las autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo sobre las PYMES y autónomos. En el plano laboral y de la Seguridad Social estas son las medidas más significativas de este Real Decreto-ley:

  • Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del virus COVID-19.

 

  • Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

 

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