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El disfrute de los permisos retribuidos computa desde el primer día laborable posterior al hecho causante

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de febrero de 2018, ha entendido que el día inicial del disfrute de los permisos retribuidos debe ser el primer día laborable siguiente al hecho causante, argumentando que el permiso está previsto para su disfrute en días laborables y no en festivos.

En concreto, la sentencia enjuicia un caso en el que es de aplicación el convenio colectivo estatal de contact center que recoge la posibilidad de “ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, y desde que ocurra el hecho causante”.

Por lo que tratándose de una casuística muy concreta, habrá de analizarse cada caso para valorar la aplicación de esta doctrina.

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Plan fraude fiscal_ThinkUp_LKS

Plan de lucha contra el fraude fiscal

Como todos los años y desde 2009, el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia ha hecho públicos los criterios generales que informan del Plan de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de dicho Territorio Histórico mediante la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia de la Resolución 6/2018.

Bien es sabido que la lucha contra el fraude fiscal es el principal objetivo que la Diputación Foral de Bizkaia se ha marcado en el ámbito tributario para poder garantizar que todas las personas contribuyen al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su capacidad económica y en cumplimiento del mandato que la Norma Foral General Tributaria establece.

La Comisión de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia, que es quien elabora dicho Plan, ha considerado de nuevo que los criterios generales deben clasificarse en función del tipo de actuaciones a realizar por los órganos de aplicación de los tributos de la Hacienda Foral de Bizkaia, diferenciándose las siguientes 3 categorías:

  • Actuaciones preventivas. Se dirigen a educar en la importancia que tiene cumplir con las obligaciones tributarias así como detectar y evitar actuaciones fraudulentas antes de su comisión.
  • Actuaciones de obtención de información. En este caso el objetivo es obtener, normalizar y analizar información con trascendencia tributaria para detectar posibles irregularidades fiscales.
  • Actuaciones de regularización y cobro. Pretenden la regularización de la situación fiscal y, en su cao, el pago de las deudas tributarias defraudadas.

Como novedades destacables podríamos mencionar por una parte las actuaciones de obtención de información respecto de los obligados tributarios relacionados con paraísos fiscales y asimilados; por otra, la explotación de los acuerdos internacionales de intercambio de información con trascendencia tributaria para la detección de los bienes y derechos de los obligados tributarios en el extranjero.

Por otra parte y como viene siendo habitual, los Precios de Transferencia son una de las preocupaciones más importantes para la Hacienda Foral de Bizkaia en la prevención del fraude, tanto desde el punto de vista nacional como internacional. De hecho, en el año 2017 se ha creado formalmente la Unidad de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia. El objetivo de la Hacienda Foral de Bizkaia es acometer el análisis de estas operaciones con la mayor especialización de medios posible, mediante la realización de operaciones específicas de formación en la materia y la dotación de las herramientas informáticas apropiadas que permitan aproximarse a los comparables tanto nacionales como internacionales para la fijación de los precios de transferencia.

Podemos observar que la creciente internacionalización del mundo empresarial no pasa inadvertida para la Hacienda Foral de Bizkaia, de ahí que debamos ser conscientes de las implicaciones que conllevan las decisiones que se tomen en el seno de nuestras Sociedades.

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Autonomos_sistemaRED_ThinkUpLKS

El alta en el sistema RED, obligatoria para los trabajadores autónomos

El pasado 6 de marzo de 2018 se publicó en el BOE se publicó la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/20143, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social. Esta norma viene a introducir cambios en la comunicación electrónica de datos a la Seguridad Social.

Entre estas debemos hacer mención a la obligación de darse de alta al Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) a aquellos trabajadores que figuren dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos el 1 de abril de 2018 en el plazo de 6 meses (hasta el 1 de octubre de 2018).

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Se publica el Convenio de Seguridad Social entre España y China, y el acuerdo administrativo para su aplicación

El pasado 19 de marzo de 2018 se publicaron en el BOE el Convenio bilateral en materia de Seguridad Social entre España y China y su acuerdo administrativo para su aplicación cuyos aspectos clave son los siguientes:

1. Ámbito de Aplicación material

  1. China: Con respecto a:
    1. Seguro básico de vejez para trabajadores por cuenta ajena
    2. Seguro de desempleo
  2. España: Con respecto a:
    • Pensiones contributivas de trabajadores por cuenta ajena del Sistema de Seguridad Social, excepto las debidas a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
    • Cotizaciones y prestaciones de desempleo para trabajadores por cuenta ajena.

2. Ámbito de aplicación personal

El convenio se aplicará a todas las personas sujetas a la legislación de Seguridad Social tanto de España como de China.

3. Cobertura obligatoria de los Trabajadores por Cuenta Ajena

El trabajador por cuenta ajena que trabaja en el territorio de España o China no deberá cotizar en España si se trabaja en China, y viceversa.

4. Personas Desplazadas

Solo se aplicará la legislación del país de origen durante los primeros 72 meses naturales. Una vez superado este período seguirá aplicándose la legislación del país de origen cuando las autoridades competentes accedan a ello conforme a lo previsto en el acuerdo administrativo.

5. Emisión de certificados

Para acreditar que legislación es aplicable a la relación laboral las autoridades de ambos países emitirán un certificado que estará sujeto a un periodo de validez.

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Camaras de vigilancia_ThinkUpLKS

Cuidado con la instalación de cámaras de vigilancia en la Empresa

Así lo viene a razonar en su sentencia de 9 de enero de 2018 (Caso López Ribalda y otros contra España) en el que analiza el caso de 5 trabajadores de un centro comercial que fueron despedidos por robar en el supermercado para el que prestaban servicios.

Esta sentencia viene a limitar aún más las facultades de control del empresario sobre los trabajadores. Si en su empresa, usted tiene colocadas cámaras de vigilancia o cualquier otro instrumento que controle a sus trabajadores, es necesario revisar si los mismos cumplen con la legalidad vigente.

En el caso concreto el empresario, para acreditar el robo, primero, instaló unas cámaras que grababan el lugar de trabajo de todos los trabajadores sin que estos tuvieran conocimiento de ello y, segundo, obtuvo la confesión de 2 de los 5 trabajadores despedidos.

En este sentido, entiende el TEDH que la práctica empresarial de instalar cámaras ocultas para grabar a los trabajadores, es contrario al derecho a la intimidad de estos dado que en este caso, la instalación se realizó indefinidamente y sobre todos los trabajadores lo cual supone que la medida de grabación se haya realizado de manera innecesaria (dado que según el tribunal los derechos del empresario podrían haber sido igualmente protegidos si hubiere informado previamente sobre la existencia de cámaras) y desproporcionada (al haberse instalado de manera indefinida y sobre todos las trabajadores, no sobre los que tenía sospechas).

A mayor abundamiento, el Tribunal entiende que dicha práctica es contraria a la Ley Orgánica de Protección de Datos actual al no haber informado previamente a las y los trabajadores sobre la existencia y las características particulares de las cámaras ocultas.

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30 de abril: fecha límite para la legalización de Libros Societarios

Hemos entrado ya en el mes de abril y, con ello, debemos recordar la obligación legal de las sociedades mercantiles de proceder a la legalización de los libros societarios -tales como, Libro Registro de Socios, Libro de Acciones Nominativas, Libro de Actas y Libro de Contratos celebrados por el socio único-, ante el Registro Mercantil competente, obligación que debe hacerse efectiva antes de que transcurran los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio, es decir, antes del 30 de abril de 2018. Lo que ya no es novedad es la legalización por medios telemáticos, que lleva en aplicación desde 2013.

Esta obligación está relacionada con la obligación legal de dichas sociedades de realizar reuniones periódicas de sus consejos de administración, impuesta por el artículo 245.3 de la Ley de Sociedades de Capital que indica que “el consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre”. En consecuencia, los Libros de Actas que se legalicen deberán contener, al menos, cuatro actas de reuniones del órgano de administración por ejercicio que incluyan un descargo de la gestión ordinaria, o bien un control de la situación financiera de la sociedad. La importancia de esta medida reside en que la documentación en Actas de las obligadas reuniones periódicas del órgano de administración es un parámetro – aunque no el único – para acreditar el correcto cumplimiento del deber de diligencia por parte de los administradores.

Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de abogados a través del correo irune.lksabogados@lks.es. Estaremos encantados de facilitarte toda la información.

Y recuerda; el 30 de abril 2018, es el último día. Nosotros seguiremos informándote de todas las novedades a través de nuestro blog.

 

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El Gobierno Corporativo; la asignatura pendiente para las Sociedades no cotizadas

Las empresas, en la medida en que alcanzan cierto volumen, consideran en algún momento desarrollar el ámbito del “Gobierno Corporativo”.  Pero muchas veces no se conoce bien su significado y no se termina de abordarlo. La organización puede estar soportando enormes inseguridades jurídicas e ineficiencias operativas por no tener desarrollado el ámbito del Gobierno Corporativo.

El “Gobierno Corporativo” regula el diseño, integración y funcionamiento de los órganos sociales de las empresas, fomentando buenas prácticas en los órganos de la empresa así como en los miembros que los componen. Son aspectos que van más allá de los mínimos legales que suelen regular los Estatutos y Reglamentos Internos de las empresas.

El Gobierno Corporativo ha adquirido una gran trascendencia. La gestión y toma de decisiones en las empresas es cada vez más compleja, y la exposición a riesgos internos y externos de todo tipo, es cada vez mayor. Además, las empresas cada vez están sujetas a mayores exigencias por parte del mercado. La imagen, reputación, responsabilidad social corporativa, etc. son elementos recurrentes para la confianza en las relaciones comerciales con los clientes, proveedores, inversores y entidades financieras, especialmente en el ámbito internacional.

El desarrollo del Gobierno Corporativo implica elaborar una normativa interna que dé respuesta a aspectos corporativos de la organización en los que se actúa sin una norma o criterio establecido y sujetándose solo al sentido común. La empresa deberá desarrollar y aprobar su particular Política de Gobierno Corporativo, lo cual exige una reflexión para dar respuesta a las problemáticas concretas que se le plantean a la empresa dentro del contexto en el que se desarrolla su actividad.

Se trata de dar un paso más para la protección legal y eficiencia de la empresa: objetivar, sofisticar y perfeccionar, incluso regularizar, aquello que ya se viene haciendo en las empresas y dejar constancia por escrito de ello, por si hubiera que mostrarlo en un momento dado, y en definitiva, acreditar la actuación diligente en la empresa.

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De lo que no se ha hablado con la reforma del Concierto Económico

El pasado 29 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley 10/2017 que modificaba el Concierto Económico para, entre otras cuestiones, elevar el umbral de tributación en IVA e Impuesto sobre Sociedades de 7 a 10 millones de euros.

Todos hemos oído hablar de las implicaciones que ello conlleva, tales como que las Administraciones Forales recaudarán más de lo que hasta ahora recaudaban, tendrán más competencia inspectora…

Pero no se ha hablado, al menos no tanto, del nuevo procedimiento para coordinar competencias exaccionadoras e inspectoras cuyo objetivo es precisamente, que las distintas administraciones tributarias (tanto vascas como estatales) se coordinen a la hora de regularizar operaciones entre entidades vinculadas y a la hora de calificar operaciones de manera diferente a como hayan sido declaradas por el contribuyente cuando ello implique menos cuotas repercutidas o soportadas.

¿En qué se traduce lo anterior? A priori suena bien, desde luego, ya que pretende no trasladar al contribuyente el desacuerdo entre administraciones respecto a la tributación de una misma operación, lo cual ha podido dar lugar en no pocas ocasiones a una duplicidad impositiva. Imaginemos que no se devuelve un IVA soportado, estando conforme con ello el contribuyente que lo soportó, pero se deniega la devolución del IVA indebidamente repercutido a quien lo repercutió.

En la práctica el procedimiento exige a una administración comunicar a la otra cuál es el criterio que va a aplicar en la regularización de un contribuyente que se ha relacionado con otro para que acepte el mismo o lo cuestione, en cuyo caso mediará la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa y/o la Junta Arbitral. Con ello se pretende que no haya una duplicidad impositiva y que los contribuyentes tengan cierta seguridad al respecto. El principal inconveniente es la incertidumbre que supone no saber el momento en que la Junta Arbitral, si le corresponde, va a resolver sobre la cuestión.

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Boom del Legal-Tech_Think_Up_LKS

El boom del Legal-Tech

El desarrollo de las nuevas tecnologías conlleva la elaboración de nuevas normativas para proteger los derechos de los usuarios, entre otros objetivos. Un ejemplo es el endurecimiento del Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor a partir de mayo.  Entre las novedades de esta normativa están  el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad. Respecto a las empresas este reglamento implica que todas las organizaciones que tratan datos deberán realizar un análisis de riesgo de sus tratamientos para poder determinar qué medidas han de aplicar y cómo hacerlo.

Estos nuevos marcos jurídicos han hecho que cada vez haya más abogados especializados en el ámbito tecnológico. Pero, ¿“la abogacía tecnológica” es una burbuja o realmente es un nuevo nicho de mercado?.

Las empresas necesitan “abogados tecnológicos”

En el programa Hoy por Hoy Bilbao de la Cadena Ser han tratado este tema desde el ámbito de la formación y de la empresa. Joane Montero Larrauri, socia de LKS abogados, en su intervención en el programa ha destacado que va a haber mucha demanda “en materia de ciberseguridad por parte de las empresas y por el nuevo reglamento que entrará en vigor”. En consecuencia, Montero ha añadido que “habrá una necesidad de adquirir más conocimiento para atender las necesidades de nuestros clientes y de incorporar a personas que estén formadas específicamente en este ámbito”. Sobre el perfil que se necesita, Montero ha respondido que el ideal sería el que aunara el conocimiento de los sistemas informáticos con conocimientos jurídicos.

Crece la demanda de formación en Derecho tecnológico

Desde el ámbito académico, ya se está dando formación para que se aúnen ambos perfiles. Respecto al Derecho tecnológico, en mayo de este año, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo reglamento sobre Protección de Datos, la primera promoción formada por 70 alumnos de la Universidad de Deusto se graduará en esa especialidad.

Y es que el Big Data o la Inteligencia Artificial obligarán a crear una nueva arquitectura jurídica para la que habrá que estar preparados.

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Tiempo de trabajo_competiciones deportivas_ThinkUpLKS

Acudir a competiciones deportivas comerciales es tiempo de trabajo

El tiempo destinado en actividades consistentes en asistencia a eventos y competiciones deportivas organizadas por la empresa con carácter comercial fuera de la jornada de trabajo computan como jornada de trabajo.

La Audiencia Nacional en una sentencia de 27 de octubre de 2017 analiza un supuesto en el cual los trabajadores de una empresa solicitan que el tiempo dedicado a los eventos deportivos organizados por la empresa con carácter comercial sea considerado como tiempo de trabajo.

En dicha sentencia la Audiencia Nacional, recuerda la definición que el  Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en su sentencia de 10.9.2015 hace respecto de lo que se entiende por “tiempo de trabajo”: “todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones nacionales”

Atendiendo a dicha definición, resuelve el órgano judicial entendiendo que los eventos organizados por la empresa y a los que son invitados clientes, tienen por objeto reforzar el vínculo comercial, y que por ende son actividades programadas por el empresario y vinculadas estrechamente con la prestación de servicios de los trabajadores, quienes en dicho tiempo deben actuar conforme a las pautas indicadas por el empleador.

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