Camaras de vigilancia_ThinkUpLKS

Cuidado con la instalación de cámaras de vigilancia en la Empresa

Así lo viene a razonar en su sentencia de 9 de enero de 2018 (Caso López Ribalda y otros contra España) en el que analiza el caso de 5 trabajadores de un centro comercial que fueron despedidos por robar en el supermercado para el que prestaban servicios.

Esta sentencia viene a limitar aún más las facultades de control del empresario sobre los trabajadores. Si en su empresa, usted tiene colocadas cámaras de vigilancia o cualquier otro instrumento que controle a sus trabajadores, es necesario revisar si los mismos cumplen con la legalidad vigente.

En el caso concreto el empresario, para acreditar el robo, primero, instaló unas cámaras que grababan el lugar de trabajo de todos los trabajadores sin que estos tuvieran conocimiento de ello y, segundo, obtuvo la confesión de 2 de los 5 trabajadores despedidos.

En este sentido, entiende el TEDH que la práctica empresarial de instalar cámaras ocultas para grabar a los trabajadores, es contrario al derecho a la intimidad de estos dado que en este caso, la instalación se realizó indefinidamente y sobre todos los trabajadores lo cual supone que la medida de grabación se haya realizado de manera innecesaria (dado que según el tribunal los derechos del empresario podrían haber sido igualmente protegidos si hubiere informado previamente sobre la existencia de cámaras) y desproporcionada (al haberse instalado de manera indefinida y sobre todos las trabajadores, no sobre los que tenía sospechas).

A mayor abundamiento, el Tribunal entiende que dicha práctica es contraria a la Ley Orgánica de Protección de Datos actual al no haber informado previamente a las y los trabajadores sobre la existencia y las características particulares de las cámaras ocultas.

Si quieres seguir al tanto de todas las novedades jurídicas, te animamos a que te suscribas a nuestra newsletter. Nos encargaremos de enviarte la mejor selección pensada para ti.

0
0

30 de abril: fecha límite para la legalización de Libros Societarios

Hemos entrado ya en el mes de abril y, con ello, debemos recordar la obligación legal de las sociedades mercantiles de proceder a la legalización de los libros societarios -tales como, Libro Registro de Socios, Libro de Acciones Nominativas, Libro de Actas y Libro de Contratos celebrados por el socio único-, ante el Registro Mercantil competente, obligación que debe hacerse efectiva antes de que transcurran los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio, es decir, antes del 30 de abril de 2018. Lo que ya no es novedad es la legalización por medios telemáticos, que lleva en aplicación desde 2013.

Esta obligación está relacionada con la obligación legal de dichas sociedades de realizar reuniones periódicas de sus consejos de administración, impuesta por el artículo 245.3 de la Ley de Sociedades de Capital que indica que “el consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre”. En consecuencia, los Libros de Actas que se legalicen deberán contener, al menos, cuatro actas de reuniones del órgano de administración por ejercicio que incluyan un descargo de la gestión ordinaria, o bien un control de la situación financiera de la sociedad. La importancia de esta medida reside en que la documentación en Actas de las obligadas reuniones periódicas del órgano de administración es un parámetro – aunque no el único – para acreditar el correcto cumplimiento del deber de diligencia por parte de los administradores.

Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de abogados a través del correo irune.lksabogados@lks.es. Estaremos encantados de facilitarte toda la información.

Y recuerda; el 30 de abril 2018, es el último día. Nosotros seguiremos informándote de todas las novedades a través de nuestro blog.

 

2
0
Gobierno Corporativo_ThinkUp_LKS

El Gobierno Corporativo; la asignatura pendiente para las Sociedades no cotizadas

Las empresas, en la medida en que alcanzan cierto volumen, consideran en algún momento desarrollar el ámbito del “Gobierno Corporativo”.  Pero muchas veces no se conoce bien su significado y no se termina de abordarlo. La organización puede estar soportando enormes inseguridades jurídicas e ineficiencias operativas por no tener desarrollado el ámbito del Gobierno Corporativo.

El “Gobierno Corporativo” regula el diseño, integración y funcionamiento de los órganos sociales de las empresas, fomentando buenas prácticas en los órganos de la empresa así como en los miembros que los componen. Son aspectos que van más allá de los mínimos legales que suelen regular los Estatutos y Reglamentos Internos de las empresas.

El Gobierno Corporativo ha adquirido una gran trascendencia. La gestión y toma de decisiones en las empresas es cada vez más compleja, y la exposición a riesgos internos y externos de todo tipo, es cada vez mayor. Además, las empresas cada vez están sujetas a mayores exigencias por parte del mercado. La imagen, reputación, responsabilidad social corporativa, etc. son elementos recurrentes para la confianza en las relaciones comerciales con los clientes, proveedores, inversores y entidades financieras, especialmente en el ámbito internacional.

El desarrollo del Gobierno Corporativo implica elaborar una normativa interna que dé respuesta a aspectos corporativos de la organización en los que se actúa sin una norma o criterio establecido y sujetándose solo al sentido común. La empresa deberá desarrollar y aprobar su particular Política de Gobierno Corporativo, lo cual exige una reflexión para dar respuesta a las problemáticas concretas que se le plantean a la empresa dentro del contexto en el que se desarrolla su actividad.

Se trata de dar un paso más para la protección legal y eficiencia de la empresa: objetivar, sofisticar y perfeccionar, incluso regularizar, aquello que ya se viene haciendo en las empresas y dejar constancia por escrito de ello, por si hubiera que mostrarlo en un momento dado, y en definitiva, acreditar la actuación diligente en la empresa.

Si quieres ampliar la información o quieres que tratemos otros temas que te interesen, no dudes en proponérnoslos a través de nuestra página de sugerencias. Desde LKS Abogados estaremos encantados de facilitarte toda la actualidad que esté en nuestro alcance.

1
0
Concierto economico_ThinkUp_LKS

De lo que no se ha hablado con la reforma del Concierto Económico

El pasado 29 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley 10/2017 que modificaba el Concierto Económico para, entre otras cuestiones, elevar el umbral de tributación en IVA e Impuesto sobre Sociedades de 7 a 10 millones de euros.

Todos hemos oído hablar de las implicaciones que ello conlleva, tales como que las Administraciones Forales recaudarán más de lo que hasta ahora recaudaban, tendrán más competencia inspectora…

Pero no se ha hablado, al menos no tanto, del nuevo procedimiento para coordinar competencias exaccionadoras e inspectoras cuyo objetivo es precisamente, que las distintas administraciones tributarias (tanto vascas como estatales) se coordinen a la hora de regularizar operaciones entre entidades vinculadas y a la hora de calificar operaciones de manera diferente a como hayan sido declaradas por el contribuyente cuando ello implique menos cuotas repercutidas o soportadas.

¿En qué se traduce lo anterior? A priori suena bien, desde luego, ya que pretende no trasladar al contribuyente el desacuerdo entre administraciones respecto a la tributación de una misma operación, lo cual ha podido dar lugar en no pocas ocasiones a una duplicidad impositiva. Imaginemos que no se devuelve un IVA soportado, estando conforme con ello el contribuyente que lo soportó, pero se deniega la devolución del IVA indebidamente repercutido a quien lo repercutió.

En la práctica el procedimiento exige a una administración comunicar a la otra cuál es el criterio que va a aplicar en la regularización de un contribuyente que se ha relacionado con otro para que acepte el mismo o lo cuestione, en cuyo caso mediará la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa y/o la Junta Arbitral. Con ello se pretende que no haya una duplicidad impositiva y que los contribuyentes tengan cierta seguridad al respecto. El principal inconveniente es la incertidumbre que supone no saber el momento en que la Junta Arbitral, si le corresponde, va a resolver sobre la cuestión.

Desde LKS Abogados queremos que estés al día de toda la actualidad. Por eso, seguiremos informándote de todas las novedades a través de nuestro blog. Y si quieres que tratemos otros temas que te interesen no dudes en proponérnoslos a través de nuestra página de sugerencias. Estaremos encantados de facilitarte toda la información.

0
0
Boom del Legal-Tech_Think_Up_LKS

El boom del Legal-Tech

El desarrollo de las nuevas tecnologías conlleva la elaboración de nuevas normativas para proteger los derechos de los usuarios, entre otros objetivos. Un ejemplo es el endurecimiento del Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor a partir de mayo.  Entre las novedades de esta normativa están  el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad. Respecto a las empresas este reglamento implica que todas las organizaciones que tratan datos deberán realizar un análisis de riesgo de sus tratamientos para poder determinar qué medidas han de aplicar y cómo hacerlo.

Estos nuevos marcos jurídicos han hecho que cada vez haya más abogados especializados en el ámbito tecnológico. Pero, ¿“la abogacía tecnológica” es una burbuja o realmente es un nuevo nicho de mercado?.

Las empresas necesitan “abogados tecnológicos”

En el programa Hoy por Hoy Bilbao de la Cadena Ser han tratado este tema desde el ámbito de la formación y de la empresa. Joane Montero Larrauri, socia de LKS abogados, en su intervención en el programa ha destacado que va a haber mucha demanda “en materia de ciberseguridad por parte de las empresas y por el nuevo reglamento que entrará en vigor”. En consecuencia, Montero ha añadido que “habrá una necesidad de adquirir más conocimiento para atender las necesidades de nuestros clientes y de incorporar a personas que estén formadas específicamente en este ámbito”. Sobre el perfil que se necesita, Montero ha respondido que el ideal sería el que aunara el conocimiento de los sistemas informáticos con conocimientos jurídicos.

Crece la demanda de formación en Derecho tecnológico

Desde el ámbito académico, ya se está dando formación para que se aúnen ambos perfiles. Respecto al Derecho tecnológico, en mayo de este año, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo reglamento sobre Protección de Datos, la primera promoción formada por 70 alumnos de la Universidad de Deusto se graduará en esa especialidad.

Y es que el Big Data o la Inteligencia Artificial obligarán a crear una nueva arquitectura jurídica para la que habrá que estar preparados.

¿Te ha interesado el artículo? Cuéntanos temas que te interesen para que los tratemos Think Up LKS.

0
1
Tiempo de trabajo_competiciones deportivas_ThinkUpLKS

Acudir a competiciones deportivas comerciales es tiempo de trabajo

El tiempo destinado en actividades consistentes en asistencia a eventos y competiciones deportivas organizadas por la empresa con carácter comercial fuera de la jornada de trabajo computan como jornada de trabajo.

La Audiencia Nacional en una sentencia de 27 de octubre de 2017 analiza un supuesto en el cual los trabajadores de una empresa solicitan que el tiempo dedicado a los eventos deportivos organizados por la empresa con carácter comercial sea considerado como tiempo de trabajo.

En dicha sentencia la Audiencia Nacional, recuerda la definición que el  Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en su sentencia de 10.9.2015 hace respecto de lo que se entiende por “tiempo de trabajo”: “todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones nacionales”

Atendiendo a dicha definición, resuelve el órgano judicial entendiendo que los eventos organizados por la empresa y a los que son invitados clientes, tienen por objeto reforzar el vínculo comercial, y que por ende son actividades programadas por el empresario y vinculadas estrechamente con la prestación de servicios de los trabajadores, quienes en dicho tiempo deben actuar conforme a las pautas indicadas por el empleador.

Desde LKS Abogados queremos que estés al día de toda la actualidad. Por eso, seguiremos informándote de las novedades que sean de tu interés. Además, te recordamos que si quieres que  tratemos algún otro tema que sea de tu interés, no dudes en contárnoslo en nuestro canal de sugerencias.

0
0
Ley de Contratos del Sector Público_contyratos_trabajadores_ThinkUp_LKS

La nueva Ley de Contratos del Sector Público aumenta la exigencia en las condiciones de subrogación en contratos de trabajo

La nueva Ley de Contratos del Sector Público establece una mayor concreción y exigencia en relación a las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.

En consecuencia, en los supuestos en que se imponga,  por aplicación de la legalidad y de la normativa convencional (convenios colectivos y acuerdos de eficacia general), la obligación de subrogación de los empleados, la Ley obliga a recoger en los propios pliegos el deber de facilitar la información sobre las condiciones de los trabajadores con relación laboral afectados por la subrogación, con el objetivo de  permitir la exacta evaluación de los costes laborales.

La Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 130 establece que:

  • La Administración debe recabar una información concreta de la empresa prestadora del contrato y debe comunicarla al nuevo empresario.
  • Las obligaciones de información en casos de subrogación aplican también a los socios trabajadores de las cooperativas adscritos al servicio o actividad objeto del contrato.
  • En caso de que el adjudicatario hubiera sido un Centro Especial de Empleo, la nueva adjudicataria también deberá subrogar a las personas con discapacidad adscritas al servicio.
  • La integración del servicio obligará a la Administración a subrogar al personal que presta el servicio.
  • Se impondrán penalidades por el incumplimiento de estas obligaciones.
  • Se reconoce una acción directa del nuevo contratista contra el antiguo en caso de que los costes laborales sean superiores a los calculados en función de la información que se traslada.
  • Se establece como garantía, en caso de impago de salarios y cotizaciones por la contrata, la retención por parte de la Administración de las cantidades debidas.

 

Desde LKS Abogados queremos que estés al día de toda la actualidad. Por eso, seguiremos informándote de las novedades suscitadas en torno a la nueva Ley de Contratos del Sector Público en la que estamos trabajando.

Y te recordamos que si quieres que  tratemos algún otro tema que sea de tu interés, no dudes en contárnoslo en nuestro canal de sugerencias.

0
0
Modificaciones fiscales de la Ley de Contratos del Sector Publico_ThinkUpLKS

Modificaciones fiscales de la Ley de Contratos del Sector Público

La recientemente aprobada Ley de Contratos del Sector Público ha introducido algunas modificaciones en materia fiscal. En este artículo queremos centrarnos en dos cambios importantes que afectan al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

1- La ley de contratos del sector público determina las operaciones que no están sujetas al IVA

  • No están sujetas al IVA determinadas operaciones prestadas por los entes considerados medio propio personificado del poder adjudicador (ente público).
  • Se aclara que la no sujeción se aplica tanto a las entregas de bienes como a las prestaciones de servicios realizadas por el ente público a favor de cualquiera de las Administraciones públicas que participen en el mismo o a favor de otras Administraciones públicas íntegramente dependientes de las anteriores.

 

2- La ley determina qué forma parte de la base imponible del IVA

  • Se determina que no son subvenciones vinculadas al precio (no forman parte de la base imponible del IVA) las aportaciones dinerarias que las Administraciones Públicas realicen para financiar la gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia y las actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.
  • Los operadores que lleven a cabo esta actividad sí pueden deducir el IVA soportado para la misma.

 

Estas modificaciones tienen un carácter aclaratorio y técnico que es de agradecer, aunque no resuelven algunas cuestiones que siguen estando pendientes.

Desde LKS Abogados queremos que estés al día de toda la actualidad. Por eso, seguiremos informándote de las novedades suscitadas en torno a la nueva Ley de Contratos del Servicio Público en la que estamos trabajando.

0
0
Novedades ley de contratos del servicio publico_ThinkUP_LKS

Las 10 novedades de la nueva Ley de Contratos del Servicio Público que deberías conocer

El 9 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017 de  Contratos del Sector Público y se prevé que entre en vigor el 9 de marzo de 2018. Esta ley transpone a nuestro ordenamiento las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

Favorecer la participación de las PYMEs y luchar contra el fraude y la corrupción son algunos de los cambios que ha traído consigo esta Ley. A continuación te explicamos las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del Servicio Público:

1. La Ley se aplicará al sector público y se amplía a:

– Partidos políticos

– Organizaciones sindicales

– Organizaciones empresariales

– Asociaciones profesionales

2. Obligación de publicidad:

– Procedimiento abierto simplificado

– Licitación con negociación

– Asociación para la innovación

3. Favorecimiento a las PYMEs:

Para favorecer la participación de las PYMEs en la contratación pública se han establecido las siguientes medidas:

– Lotes: será regla general la división en lotes de los contratos susceptibles de fraccionamiento.

– Requisitos de solvencia: se añade la imposibilidad de solicitar experiencia como solvencia a empresas de nueva creación.

– Consultas preliminares: se va a permitir que los órganos de contratación puedan consultar con expertos o con el propio mercado para preparar futuras contrataciones sin que ello implique la prohibición de que estos últimos participen después en esas licitaciones.

4. Cambio en los criterios de adjudicación:

Se pasa de “la oferta económica más ventajosa” al criterio de “la mejor relación calidad-precio”. Esta se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos, pudiendo incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato.

5. Cláusulas sociales y medioambientales:

Se fomenta la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales y, se reserva un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.

6. Contratos menores:

– No se eliminan los contratos menores

– Se reduce su cuantía a contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros-en contratos de obras– y a 15.000 eurosen contrato de suministro o de servicios-.

– Se obliga a los órganos de contratación a publicar (mínimo trimestralmente):

  • su objeto
  • la duración
  • el importe de adjudicación
  • la identidad del adjudicatario

Se ordenarán los contratos por la identidad del adjudicatario.

7. Medidas anti corrupción

 – Los órganos de contratación deberán de tomar las medidas adecuadas para luchar contra:

  • el fraude
  • el favoritismo
  • la corrupción

– Deberán prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses   que puedan surgir en los procedimientos de licitación.

8. Modalidades contractuales

– Desaparecen los contratos de:

  • Colaboración público-privada
  • Gestión de servicio público

– Se ajusta la definición del contrato de obras y de servicios.

– Desaparece el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía y pasa a ser  una fórmula de licitación muy residual.

9. Instrucciones internas de contratación (IIC):

– Se suprimen las IIC para los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas para los contratos no sujetos a regulación armonizada.

– Dichos contratos deben adjudicarse por los mismos procedimientos establecidos para las Administraciones Públicas (se les permite utilizar de forma indistinta cualesquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, que sólo se podrá hacer uso de él, en los mismos supuestos que las citadas Administraciones).

10. Lucha contra la morosidad:

– Depósito de facturas en el Registro electrónico:

  • Las empresas que trabajen para las Administraciones no podrán pagar tarde a sus proveedores.
  • Para vigilarlas, se les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico.

– Pago directo:

  • La norma permite que las Administraciones Públicas paguen directamente las facturas de los subcontratistas, detrayéndoles el importe correspondiente a los contratistas, siempre que así lo prevean los pliegos de contratación.

 

Desde LKS Abogados queremos que estés al día de toda la actualidad. Por eso, seguiremos informándote de las novedades suscitadas en torno a la nueva Ley de Contratos del Sector Público en la que estamos trabajando.

0
0
DELTA_thinkUpLKS

#PildorasDerechoLaboral: ¿Quién tiene la obligación de mandar el parte DELTA a la autoridad laboral?

La Dirección General de Empleo el 21 de marzo de 2017 emitió como respuesta a una consulta, un informe respondiendo estas cuestiones en relación con las situaciones en que un trabajador cedido por una ETT a la empresa usuaria se accidenta en esta.

¿Quién tiene la obligación de mandar el parte DELTA (Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo) a la autoridad laboral?

La Dirección General de Empleo responde que dado que es la empresa usuaria quien debe notificar a la ETT del suceso del accidente para que esta pueda cumplir, en los plazos establecidos con la obligación de notificación a través del Sistema DELTA que debe ser la ETT quien debe enviar el parte.

¿Quién debe realizar la investigación del accidente?

La Dirección General de Empleo responde que será la empresa usuaria quien debe realizar la investigación y añade que además:

  • Deberá informar a la ETT sobre las características propias del puesto de trabajo y las tareas a desarrollar, así como de sus riesgos profesionales, desde el punto de vista de la protección de la salud y la seguridad del trabajador que vaya a ser contratado.
  • Cuando se haya producido un daño el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
  • La empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de los trabajadores puestos a la disposición por una ETT en todo lo relacionado con la protección de su salud y seguridad.
0
0