Concierto economico_ThinkUp_LKS

De lo que no se ha hablado con la reforma del Concierto Económico

El pasado 29 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley 10/2017 que modificaba el Concierto Económico para, entre otras cuestiones, elevar el umbral de tributación en IVA e Impuesto sobre Sociedades de 7 a 10 millones de euros.

Todos hemos oído hablar de las implicaciones que ello conlleva, tales como que las Administraciones Forales recaudarán más de lo que hasta ahora recaudaban, tendrán más competencia inspectora…

Pero no se ha hablado, al menos no tanto, del nuevo procedimiento para coordinar competencias exaccionadoras e inspectoras cuyo objetivo es precisamente, que las distintas administraciones tributarias (tanto vascas como estatales) se coordinen a la hora de regularizar operaciones entre entidades vinculadas y a la hora de calificar operaciones de manera diferente a como hayan sido declaradas por el contribuyente cuando ello implique menos cuotas repercutidas o soportadas.

¿En qué se traduce lo anterior? A priori suena bien, desde luego, ya que pretende no trasladar al contribuyente el desacuerdo entre administraciones respecto a la tributación de una misma operación, lo cual ha podido dar lugar en no pocas ocasiones a una duplicidad impositiva. Imaginemos que no se devuelve un IVA soportado, estando conforme con ello el contribuyente que lo soportó, pero se deniega la devolución del IVA indebidamente repercutido a quien lo repercutió.

En la práctica el procedimiento exige a una administración comunicar a la otra cuál es el criterio que va a aplicar en la regularización de un contribuyente que se ha relacionado con otro para que acepte el mismo o lo cuestione, en cuyo caso mediará la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa y/o la Junta Arbitral. Con ello se pretende que no haya una duplicidad impositiva y que los contribuyentes tengan cierta seguridad al respecto. El principal inconveniente es la incertidumbre que supone no saber el momento en que la Junta Arbitral, si le corresponde, va a resolver sobre la cuestión.

Desde LKS Abogados queremos que estés al día de toda la actualidad. Por eso, seguiremos informándote de todas las novedades a través de nuestro blog. Y si quieres que tratemos otros temas que te interesen no dudes en proponérnoslos a través de nuestra página de sugerencias. Estaremos encantados de facilitarte toda la información.

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Boom del Legal-Tech_Think_Up_LKS

El boom del Legal-Tech

El desarrollo de las nuevas tecnologías conlleva la elaboración de nuevas normativas para proteger los derechos de los usuarios, entre otros objetivos. Un ejemplo es el endurecimiento del Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor a partir de mayo.  Entre las novedades de esta normativa están  el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad. Respecto a las empresas este reglamento implica que todas las organizaciones que tratan datos deberán realizar un análisis de riesgo de sus tratamientos para poder determinar qué medidas han de aplicar y cómo hacerlo.

Estos nuevos marcos jurídicos han hecho que cada vez haya más abogados especializados en el ámbito tecnológico. Pero, ¿“la abogacía tecnológica” es una burbuja o realmente es un nuevo nicho de mercado?.

Las empresas necesitan “abogados tecnológicos”

En el programa Hoy por Hoy Bilbao de la Cadena Ser han tratado este tema desde el ámbito de la formación y de la empresa. Joane Montero Larrauri, socia de LKS abogados, en su intervención en el programa ha destacado que va a haber mucha demanda “en materia de ciberseguridad por parte de las empresas y por el nuevo reglamento que entrará en vigor”. En consecuencia, Montero ha añadido que “habrá una necesidad de adquirir más conocimiento para atender las necesidades de nuestros clientes y de incorporar a personas que estén formadas específicamente en este ámbito”. Sobre el perfil que se necesita, Montero ha respondido que el ideal sería el que aunara el conocimiento de los sistemas informáticos con conocimientos jurídicos.

Crece la demanda de formación en Derecho tecnológico

Desde el ámbito académico, ya se está dando formación para que se aúnen ambos perfiles. Respecto al Derecho tecnológico, en mayo de este año, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo reglamento sobre Protección de Datos, la primera promoción formada por 70 alumnos de la Universidad de Deusto se graduará en esa especialidad.

Y es que el Big Data o la Inteligencia Artificial obligarán a crear una nueva arquitectura jurídica para la que habrá que estar preparados.

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Tiempo de trabajo_competiciones deportivas_ThinkUpLKS

Acudir a competiciones deportivas comerciales es tiempo de trabajo

El tiempo destinado en actividades consistentes en asistencia a eventos y competiciones deportivas organizadas por la empresa con carácter comercial fuera de la jornada de trabajo computan como jornada de trabajo.

La Audiencia Nacional en una sentencia de 27 de octubre de 2017 analiza un supuesto en el cual los trabajadores de una empresa solicitan que el tiempo dedicado a los eventos deportivos organizados por la empresa con carácter comercial sea considerado como tiempo de trabajo.

En dicha sentencia la Audiencia Nacional, recuerda la definición que el  Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en su sentencia de 10.9.2015 hace respecto de lo que se entiende por “tiempo de trabajo”: “todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones nacionales”

Atendiendo a dicha definición, resuelve el órgano judicial entendiendo que los eventos organizados por la empresa y a los que son invitados clientes, tienen por objeto reforzar el vínculo comercial, y que por ende son actividades programadas por el empresario y vinculadas estrechamente con la prestación de servicios de los trabajadores, quienes en dicho tiempo deben actuar conforme a las pautas indicadas por el empleador.

Desde LKS Abogados queremos que estés al día de toda la actualidad. Por eso, seguiremos informándote de las novedades que sean de tu interés. Además, te recordamos que si quieres que  tratemos algún otro tema que sea de tu interés, no dudes en contárnoslo en nuestro canal de sugerencias.

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Ley de Contratos del Sector Público_contyratos_trabajadores_ThinkUp_LKS

La nueva Ley de Contratos del Sector Público aumenta la exigencia en las condiciones de subrogación en contratos de trabajo

La nueva Ley de Contratos del Sector Público establece una mayor concreción y exigencia en relación a las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.

En consecuencia, en los supuestos en que se imponga,  por aplicación de la legalidad y de la normativa convencional (convenios colectivos y acuerdos de eficacia general), la obligación de subrogación de los empleados, la Ley obliga a recoger en los propios pliegos el deber de facilitar la información sobre las condiciones de los trabajadores con relación laboral afectados por la subrogación, con el objetivo de  permitir la exacta evaluación de los costes laborales.

La Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 130 establece que:

  • La Administración debe recabar una información concreta de la empresa prestadora del contrato y debe comunicarla al nuevo empresario.
  • Las obligaciones de información en casos de subrogación aplican también a los socios trabajadores de las cooperativas adscritos al servicio o actividad objeto del contrato.
  • En caso de que el adjudicatario hubiera sido un Centro Especial de Empleo, la nueva adjudicataria también deberá subrogar a las personas con discapacidad adscritas al servicio.
  • La integración del servicio obligará a la Administración a subrogar al personal que presta el servicio.
  • Se impondrán penalidades por el incumplimiento de estas obligaciones.
  • Se reconoce una acción directa del nuevo contratista contra el antiguo en caso de que los costes laborales sean superiores a los calculados en función de la información que se traslada.
  • Se establece como garantía, en caso de impago de salarios y cotizaciones por la contrata, la retención por parte de la Administración de las cantidades debidas.

 

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Modificaciones fiscales de la Ley de Contratos del Sector Publico_ThinkUpLKS

Modificaciones fiscales de la Ley de Contratos del Sector Público

La recientemente aprobada Ley de Contratos del Sector Público ha introducido algunas modificaciones en materia fiscal. En este artículo queremos centrarnos en dos cambios importantes que afectan al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

1- La ley de contratos del sector público determina las operaciones que no están sujetas al IVA

  • No están sujetas al IVA determinadas operaciones prestadas por los entes considerados medio propio personificado del poder adjudicador (ente público).
  • Se aclara que la no sujeción se aplica tanto a las entregas de bienes como a las prestaciones de servicios realizadas por el ente público a favor de cualquiera de las Administraciones públicas que participen en el mismo o a favor de otras Administraciones públicas íntegramente dependientes de las anteriores.

 

2- La ley determina qué forma parte de la base imponible del IVA

  • Se determina que no son subvenciones vinculadas al precio (no forman parte de la base imponible del IVA) las aportaciones dinerarias que las Administraciones Públicas realicen para financiar la gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia y las actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.
  • Los operadores que lleven a cabo esta actividad sí pueden deducir el IVA soportado para la misma.

 

Estas modificaciones tienen un carácter aclaratorio y técnico que es de agradecer, aunque no resuelven algunas cuestiones que siguen estando pendientes.

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Novedades ley de contratos del servicio publico_ThinkUP_LKS

Las 10 novedades de la nueva Ley de Contratos del Servicio Público que deberías conocer

El 9 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017 de  Contratos del Sector Público y se prevé que entre en vigor el 9 de marzo de 2018. Esta ley transpone a nuestro ordenamiento las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

Favorecer la participación de las PYMEs y luchar contra el fraude y la corrupción son algunos de los cambios que ha traído consigo esta Ley. A continuación te explicamos las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del Servicio Público:

1. La Ley se aplicará al sector público y se amplía a:

– Partidos políticos

– Organizaciones sindicales

– Organizaciones empresariales

– Asociaciones profesionales

2. Obligación de publicidad:

– Procedimiento abierto simplificado

– Licitación con negociación

– Asociación para la innovación

3. Favorecimiento a las PYMEs:

Para favorecer la participación de las PYMEs en la contratación pública se han establecido las siguientes medidas:

– Lotes: será regla general la división en lotes de los contratos susceptibles de fraccionamiento.

– Requisitos de solvencia: se añade la imposibilidad de solicitar experiencia como solvencia a empresas de nueva creación.

– Consultas preliminares: se va a permitir que los órganos de contratación puedan consultar con expertos o con el propio mercado para preparar futuras contrataciones sin que ello implique la prohibición de que estos últimos participen después en esas licitaciones.

4. Cambio en los criterios de adjudicación:

Se pasa de “la oferta económica más ventajosa” al criterio de “la mejor relación calidad-precio”. Esta se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos, pudiendo incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato.

5. Cláusulas sociales y medioambientales:

Se fomenta la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales y, se reserva un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.

6. Contratos menores:

– No se eliminan los contratos menores

– Se reduce su cuantía a contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros-en contratos de obras– y a 15.000 eurosen contrato de suministro o de servicios-.

– Se obliga a los órganos de contratación a publicar (mínimo trimestralmente):

  • su objeto
  • la duración
  • el importe de adjudicación
  • la identidad del adjudicatario

Se ordenarán los contratos por la identidad del adjudicatario.

7. Medidas anti corrupción

 – Los órganos de contratación deberán de tomar las medidas adecuadas para luchar contra:

  • el fraude
  • el favoritismo
  • la corrupción

– Deberán prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses   que puedan surgir en los procedimientos de licitación.

8. Modalidades contractuales

– Desaparecen los contratos de:

  • Colaboración público-privada
  • Gestión de servicio público

– Se ajusta la definición del contrato de obras y de servicios.

– Desaparece el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía y pasa a ser  una fórmula de licitación muy residual.

9. Instrucciones internas de contratación (IIC):

– Se suprimen las IIC para los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas para los contratos no sujetos a regulación armonizada.

– Dichos contratos deben adjudicarse por los mismos procedimientos establecidos para las Administraciones Públicas (se les permite utilizar de forma indistinta cualesquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, que sólo se podrá hacer uso de él, en los mismos supuestos que las citadas Administraciones).

10. Lucha contra la morosidad:

– Depósito de facturas en el Registro electrónico:

  • Las empresas que trabajen para las Administraciones no podrán pagar tarde a sus proveedores.
  • Para vigilarlas, se les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico.

– Pago directo:

  • La norma permite que las Administraciones Públicas paguen directamente las facturas de los subcontratistas, detrayéndoles el importe correspondiente a los contratistas, siempre que así lo prevean los pliegos de contratación.

 

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#PildorasDerechoLaboral: ¿Quién tiene la obligación de mandar el parte DELTA a la autoridad laboral?

La Dirección General de Empleo el 21 de marzo de 2017 emitió como respuesta a una consulta, un informe respondiendo estas cuestiones en relación con las situaciones en que un trabajador cedido por una ETT a la empresa usuaria se accidenta en esta.

¿Quién tiene la obligación de mandar el parte DELTA (Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo) a la autoridad laboral?

La Dirección General de Empleo responde que dado que es la empresa usuaria quien debe notificar a la ETT del suceso del accidente para que esta pueda cumplir, en los plazos establecidos con la obligación de notificación a través del Sistema DELTA que debe ser la ETT quien debe enviar el parte.

¿Quién debe realizar la investigación del accidente?

La Dirección General de Empleo responde que será la empresa usuaria quien debe realizar la investigación y añade que además:

  • Deberá informar a la ETT sobre las características propias del puesto de trabajo y las tareas a desarrollar, así como de sus riesgos profesionales, desde el punto de vista de la protección de la salud y la seguridad del trabajador que vaya a ser contratado.
  • Cuando se haya producido un daño el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
  • La empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de los trabajadores puestos a la disposición por una ETT en todo lo relacionado con la protección de su salud y seguridad.
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#PildorasDerechoLaboral: El derecho a disfrutar de las vacaciones de forma retribuida es incondicional

El Tribunal Superior de Justicia de La Unión Europea, analiza un supuesto  en el cual un trabajador que era remunerado mediante comisiones (no se le pagaban las vacaciones si las disfrutaba) y reclamó a su empresa una compensación por las vacaciones no disfrutadas a lo largo de toda su relación laboral una vez que se había jubilado.

La referida sentencia pone de relieve la importancia de las vacaciones como del Derecho Social de la Unión, que las autoridades nacionales competentes deben respetar con los límites establecidos expresamente por la propia Directiva 2003/88.

Para el Tribunal Europeo el derecho a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas es incondicional y su constitución deriva directamente de la citada Directiva. Así el disfrute de un periodo vacacional y la retribución de la misma son dos vertientes de un mismo Derecho, cuyo objetivo es colocar al trabajador durante este periodo vacacional en una situación comparable al periodo de trabajo. Permitiendo a los trabajadores descansar y disponer de un periodo de ocio y esparcimiento. Y por lo tanto, generar respecto a dicho derecho circunstancias de incertidumbre en cuanto a la retribución de esta, supone disuadir al trabajador del disfrute efectivo de dichas vacaciones.

Además en el supuesto que se analiza el Tribunal permite la acumulación del disfrute y su compensación más allá de los límites (15 meses inmediatamente anteriores en supuestos de enfermedad) por considerar que el empresario se ha beneficiado de que el trabajador no haya interrumpido su periodo de actividad profesional para disfrutar de vacaciones anuales retribuidas hasta la jubilación del trabajador del hecho.

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#PildorasDerechoLaboral: La cesta de empresa ¿Un derecho de los trabajadores o una concesión?

El Tribunal Supremo (STS 21.4.2016)  cambia su criterio y establece que la puesta a disposición de la cesta de navidad hecha de forma voluntaria por parte de la Empresa a sus empleados, con el fin de atribuirles una ventaja o un beneficio social que supera a los establecidos en las fuentes legales o convencionales de regulación de la relación contractual de trabajo, es una condición más beneficiosa para los trabajadores y por ello de obligado cumplimiento para el Empresario.

Así se supera la consideración, hasta entonces mantenida por el Tribunal, de que la cesta de navidad dada por la Empresa era un  acto de liberalidad, no establecida en convenio y por tanto susceptible de verse suprimida o suspendida por la voluntad unilateral del empresario.

 

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Modificación del informe de gestión en las cuentas anuales de las Sociedades de Capital

Con fecha 25 de noviembre del 2017 el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real-Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Este Real-Decreto Ley modifica las citadas leyes mercantiles con el fin de implementar en el ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos.

Estas modificaciones se refieren principalmente al contenido del Informe de Gestión y el Informe de Gestión consolidado en determinadas sociedades. Deben ser sociedades consideradas como “entidades de interés público” y que cumplan con los requisitos de número de trabajadores, total de activo y cifra anual de negocio que se indican.

Entre otros aspectos, a estas sociedades se exige aportar información no financiera en materias tales como medioambientales, sociales, relativas al personal, derechos humanos y lucha contra la corrupción y el soborno.

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