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El COVID-19 y su implicación en el ámbito digital

El Gobierno de España ha encomendado a través de la Orden SND/297/2020 a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, diversas actuaciones enfocadas en las nuevas tecnologías con el objetivo de frenar el impacto del Covid-19.

El primero, consiste en una aplicación móvil que tiene como objetivo realizar diagnósticos a intervalos regulares del usuario para saber si se encuentra infectado por el Covid-19 y así evitar el colapso de los servicios telefónicos de asistencia. El segundo, trata de un estudio realizado conjuntamente con las operadoras de telefonía para analizar la movilidad de los ciudadanos en los días previos y durante el confinamiento. Como es lógico, la ejecución de ambos proyectos implica el tratamiento masivo de datos de carácter personal.

La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado recientemente un informe sobre los diferentes tratamientos de datos realizados con motivo del Covid-19. Dicho informe recoge, en primer lugar, que el propio Reglamento General de Protección de Datos reconoce de forma explícita que, en situaciones de emergencia como una pandemia, la base jurídica para el tratamiento de datos personales puede ser la misión realizada en interés público o el interés vital del interesado u otra persona (artículo 6.d) y e) del RGPD).

En el caso de la aplicación, los datos personales tratados, por ser datos de salud, tienen la consideración de datos especialmente protegidos, su tratamiento está prohibido salvo por varias excepciones tasadas, entre las cuales se encuentra que el tratamiento sea necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, por razones de un interés público esencial o para fines de medicina preventiva o laboral. Por lo tanto, la propia normativa de protección de datos ampara el tratamiento de dichos datos de salud a través de la aplicación que, en todo caso, se obtienen porque el propio usuario otorga su consentimiento al instalar la aplicación y aceptar los términos de uso.

En el caso del estudio de la geolocalización de los ciudadanos a través de sus dispositivos móviles, como los datos que se van a recabar únicamente son los movimientos de circulación de los ciudadanos de forma agregada y no trazable, esto impide que se pueda identificar al individuo, por lo que dicha información no tiene la consideración de dato de carácter personal y no es necesario el consentimiento del interesado para su tratamiento. Por lo tanto, el objetivo no es comprobar si el ciudadano concreto incumple las medidas de confinamiento, si no verificar que, en general, dichas medidas son efectivas y actuar en consecuencia.

En definitiva, parece que ambos proyectos se encuentran amparados plenamente por el ordenamiento jurídico, aun cuando no dejan de ser medidas excepcionales que intentan revertir la situación de emergencia provocada por el Covid-19.

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