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Importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre la videovigilancia empresarial

¿Pueden las empresas grabar a los trabajadores? ¿Qué requisitos deben cumplirse para su validez? El Tribunal Constitucional (TC) en su reciente sentencia ha matizado su doctrina relativa al uso de las cámaras de videovigilancia en el ámbito laboral, admitiendo las mismas a pesar de que la empresa no haya informado al trabajador de su finalidad exacta.  

Dicha sentencia responde a un recurso de amparo de una trabajadora que fue despedida por haber sustraído dinero de la caja. La empresa basa dicho despido en unas grabaciones que obtuvo tras la instalación de cámaras sin haber informado previamente a los trabajadores pero habiendo colocado el distintivo informativo de videovigilancia en el escaparate del establecimiento.

A grandes rasgos, los criterios fijados por el TC son los siguientes:

– Como excepción a la regla general de recabar el consentimiento del trabajador, no será necesario exigir el mismo cuando las grabaciones (tratamiento de datos de carácter personal) sean tomadas con el fin de controlar el cumplimiento de la relación laboral. No obstante, esta medida de vigilancia deberá responder al criterio de proporcionalidad.

– Se declara cumplido el requisito de haber informado previamente a la trabajadora con la colocación de un distintivo informativo de videovigilancia en el escaparate de la tienda, considerando de este modo que la trabajadora podía tener conocimiento de la existencia de las cámaras.

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