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Las 10 novedades de la nueva Ley de Contratos del Servicio Público que deberías conocer

El 9 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017 de  Contratos del Sector Público y se prevé que entre en vigor el 9 de marzo de 2018. Esta ley transpone a nuestro ordenamiento las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

Favorecer la participación de las PYMEs y luchar contra el fraude y la corrupción son algunos de los cambios que ha traído consigo esta Ley. A continuación te explicamos las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del Servicio Público:

1. La Ley se aplicará al sector público y se amplía a:

- Partidos políticos

- Organizaciones sindicales

- Organizaciones empresariales

- Asociaciones profesionales

2. Obligación de publicidad:

- Procedimiento abierto simplificado

- Licitación con negociación

- Asociación para la innovación

3. Favorecimiento a las PYMEs:

Para favorecer la participación de las PYMEs en la contratación pública se han establecido las siguientes medidas:

Lotes: será regla general la división en lotes de los contratos susceptibles de fraccionamiento.

Requisitos de solvencia: se añade la imposibilidad de solicitar experiencia como solvencia a empresas de nueva creación.

Consultas preliminares: se va a permitir que los órganos de contratación puedan consultar con expertos o con el propio mercado para preparar futuras contrataciones sin que ello implique la prohibición de que estos últimos participen después en esas licitaciones.

4. Cambio en los criterios de adjudicación:

Se pasa de “la oferta económica más ventajosa” al criterio de “la mejor relación calidad-precio”. Esta se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos, pudiendo incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato.

5. Cláusulas sociales y medioambientales:

Se fomenta la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales y, se reserva un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.

6. Contratos menores:

- No se eliminan los contratos menores

- Se reduce su cuantía a contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros-en contratos de obras- y a 15.000 eurosen contrato de suministro o de servicios-.

- Se obliga a los órganos de contratación a publicar (mínimo trimestralmente):

  • su objeto
  • la duración
  • el importe de adjudicación
  • la identidad del adjudicatario

Se ordenarán los contratos por la identidad del adjudicatario.

7. Medidas anti corrupción

 – Los órganos de contratación deberán de tomar las medidas adecuadas para luchar contra:

  • el fraude
  • el favoritismo
  • la corrupción

- Deberán prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses   que puedan surgir en los procedimientos de licitación.

8. Modalidades contractuales

- Desaparecen los contratos de:

  • Colaboración público-privada
  • Gestión de servicio público

- Se ajusta la definición del contrato de obras y de servicios.

- Desaparece el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía y pasa a ser  una fórmula de licitación muy residual.

9. Instrucciones internas de contratación (IIC):

- Se suprimen las IIC para los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas para los contratos no sujetos a regulación armonizada.

- Dichos contratos deben adjudicarse por los mismos procedimientos establecidos para las Administraciones Públicas (se les permite utilizar de forma indistinta cualesquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, que sólo se podrá hacer uso de él, en los mismos supuestos que las citadas Administraciones).

10. Lucha contra la morosidad:

- Depósito de facturas en el Registro electrónico:

  • Las empresas que trabajen para las Administraciones no podrán pagar tarde a sus proveedores.
  • Para vigilarlas, se les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico.

- Pago directo:

  • La norma permite que las Administraciones Públicas paguen directamente las facturas de los subcontratistas, detrayéndoles el importe correspondiente a los contratistas, siempre que así lo prevean los pliegos de contratación.

 

Desde LKS Abogados queremos que estés al día de toda la actualidad. Por eso, seguiremos informándote de las novedades suscitadas en torno a la nueva Ley de Contratos del Sector Público en la que estamos trabajando.

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