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Obstáculos legales a la innovación en España

¿Qué es la innovación? Según la RAE es la creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. Posiblemente a esta definición le faltaría la palabra servicio. Y esto es lo que empresas innovadoras como Blablacar o Airbnb han hecho. Ofrecen de otra manera servicios que ya existían, como alojamiento para turistas o vehículos compartidos. Estas empresas se engloban dentro de las start ups, porque son de “reciente creación” y se basan en el uso de la tecnología. En España existen alrededor de 1500 start up.

Sin embargo, este tipo de empresas chocan con el modelo económico establecido y casi todas son llevadas a juicio. Precisamente, la patronal de autobuses Confebús denunció a Blablacar por competencia desleal. Desde la red social se defendieron asegurando que en Blablacar “los conductores que realizan un determinado trayecto con asientos libres no ofertan un sistema de transporte, sino que desean ahorrar costes de un viaje que realizarían de todos modos, compartiendo gastos con los pasajeros (…) no existe ánimo de lucro por parte de los usuarios”. De los 19 países donde opera Blablacar esta era la primera demanda que habían recibido y están a la espera de lo que dicte el juez.

El portal Airbnb no fue llevado a juicio pero sí multado por el Gobierno de Cataluña con 30.000 euros. La demanda se basaba en que las casas que se ofertaban para alojar a turistas no estaban inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña. Solucionado este tema el portal sigue operando con normalidad. Pero no todas han tenido la misma suerte, algunas han dejado de operar en España por sentencias judiciales desfavorables.

Nuevas legislaciones para nuevos modelos de negocio

Cuando se habla de fomento de la innovación se apela a la I+D+i, a la necesidad de una mayor financiación y a una mejor formación, pero pocas veces se repara en el marco jurídico de un país. En España, la legislación ha tenido que ser modificada en muchos puntos para permitir estos nuevos modelos de negocio. De hecho, en 2015 se reguló el crowfunding (financiación participativa o en masa). Gracias a la nueva Ley de Fomento de la financiación empresarial plataformas como Kickstarter han podido instalarse en España.

Pero las start ups que se basan en la economía colaborativa todavía crean suspicacias. El problema de esta desconfianza radica en la fiscalidad de estas.  Las empresas basadas en modelos tradicionales les reprochan que no paguen impuestos, por eso les acusan de competencia desleal. Así que el reto es establecer parámetros fiscales para estas empresas y nuevos marcos jurídicos con los que poder innovar con empresas centradas en un modelo económico diferente al que estamos acostumbrados. Solo así estarán en igualdad de condiciones, sin que ninguna juegue con ventaja sobre otra.

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