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Ojo con la tributación indirecta de los contratos de arrendamiento de vivienda

Hasta fecha reciente los arrendamientos de bienes inmuebles pasaban desapercibidos para las administraciones tributarias en cuanto a fiscalidad indirecta se refiere. Pero últimamente parece que el rumbo está cambiando y cada vez está más latente la necesidad de financiación de los entes públicos, quienes aplican a rajatabla la normativa con el objetivo de aumentar la recaudación.

Nos estamos refiriendo a lo siguiente: los arrendamientos de bienes inmuebles que estén exentos en IVA estarán sujetos al Impuesto sobre Transmiciones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados  (comúnmente conocido como ITP). Es decir, afecta a los arrendamientos que recaigan sobre viviendas.

Si analizamos las distintas normativas a nivel español, existen varias ciertas peculiaridades en cuanto al tipo impositivo y al cálculo de la base imponible. Ahora bien, lo cierto es que en todas ellas el obligado al pago del impuesto es el arrendatario –inquilino-, si bien el arrendador debe exigir al arrendatario justificación de haber realizado dicho pago; en caso contrario, el arrendador –propietario- se convierte en responsable subsidiario. Y este matiz podría convertir en no deseable una situación que inicialmente era atractiva.

Si tomamos como ejemplo un contrato de arrendamiento de vivienda de 3 años con una renta mensual de 1.000 Euros, el coste del impuesto sería de 188 Euros en Bizkaia, de 172 Euros en Álava, Gipuzkoa y Territorio Común y de 144 Euros en Navarra. No es que sean cifran exageradas, pero si alguien recibe una notificación relacionada con este supuesto, posiblemente no sea de su agrado tener que hacer frente a estos importes con sus correspondientes intereses de demora y posibles sanciones.

Además, es importante traer a colación que en la Comunidad Autónoma Vasca y desde el 30 de marzo de 2016 está en vigor el Decreto 42/2016, de 15 de marzo, del depósito de fianzas y del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. A grandes rasgos, este Decreto regula la obligación de que la persona que figure en el contrato como arrendador, que no tiene por qué ser el propietario de la vivienda arrendada, deposite en Bizilagun una fianza equivalente a una mensualidad de renta en los contratos de arrendamiento de vivienda en el plazo de un mes desde que se formalice el contrato previa cumplimentación del formulario específico establecido al efecto. Si bien este comentario se refiere a los arrendamientos de viviendas, el Decreto 42/2016, como su nombre indica, no solo afecta a viviendas, sino a fincas urbanas en general, motivo por el que también ha de ser tenido en cuenta por las empresas.

 

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