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El COVID-19 y su implicación en el ámbito digital

El Gobierno de España ha encomendado a través de la Orden SND/297/2020 a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, diversas actuaciones enfocadas en las nuevas tecnologías con el objetivo de frenar el impacto del Covid-19.

El primero, consiste en una aplicación móvil que tiene como objetivo realizar diagnósticos a intervalos regulares del usuario para saber si se encuentra infectado por el Covid-19 y así evitar el colapso de los servicios telefónicos de asistencia. El segundo, trata de un estudio realizado conjuntamente con las operadoras de telefonía para analizar la movilidad de los ciudadanos en los días previos y durante el confinamiento. Como es lógico, la ejecución de ambos proyectos implica el tratamiento masivo de datos de carácter personal.

La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado recientemente un informe sobre los diferentes tratamientos de datos realizados con motivo del Covid-19. Dicho informe recoge, en primer lugar, que el propio Reglamento General de Protección de Datos reconoce de forma explícita que, en situaciones de emergencia como una pandemia, la base jurídica para el tratamiento de datos personales puede ser la misión realizada en interés público o el interés vital del interesado u otra persona (artículo 6.d) y e) del RGPD).

En el caso de la aplicación, los datos personales tratados, por ser datos de salud, tienen la consideración de datos especialmente protegidos, su tratamiento está prohibido salvo por varias excepciones tasadas, entre las cuales se encuentra que el tratamiento sea necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, por razones de un interés público esencial o para fines de medicina preventiva o laboral. Por lo tanto, la propia normativa de protección de datos ampara el tratamiento de dichos datos de salud a través de la aplicación que, en todo caso, se obtienen porque el propio usuario otorga su consentimiento al instalar la aplicación y aceptar los términos de uso.

En el caso del estudio de la geolocalización de los ciudadanos a través de sus dispositivos móviles, como los datos que se van a recabar únicamente son los movimientos de circulación de los ciudadanos de forma agregada y no trazable, esto impide que se pueda identificar al individuo, por lo que dicha información no tiene la consideración de dato de carácter personal y no es necesario el consentimiento del interesado para su tratamiento. Por lo tanto, el objetivo no es comprobar si el ciudadano concreto incumple las medidas de confinamiento, si no verificar que, en general, dichas medidas son efectivas y actuar en consecuencia.

En definitiva, parece que ambos proyectos se encuentran amparados plenamente por el ordenamiento jurídico, aun cuando no dejan de ser medidas excepcionales que intentan revertir la situación de emergencia provocada por el Covid-19.

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Guia laboral Coronavirus_LKSNextLegal

Implicaciones laborales del Coronavirus

El pasado día 4 de marzo de 2020 el Ministerio de Trabajo y Economía Social publico la Guia para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”.

El propósito del documento no es otro que “facilitar la información necesaria sobre la aplicación de la normativa laboral en relación con las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse las empresas y las personas trabajadoras”

De esta forma la Guía se estructura en las siguientes materias y con las siguientes indicaciones:

1. Prevención de Riesgos Laborales:

La posibilidad de la paralización de la actividad de la empresa.

  • Por decisión de la empresa: El empresario puede adoptar medidas organizativas o preventivas que eviten el contacto de manera temporal, sin la necesidad de paralizar su actividad.

 Cuando las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riego grave de contagio la empresa está obligada a,

  • Informar de la existencia del riesgo y
  • Adoptar medidas y dar las instrucciones necesarias, en caso de peligro grave, inminente e inevitable para que las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad.
  • Por decisión de las personas trabajadoras: En el caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.

 Se considera riesgo grave e inminente “Todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del puesto”

  • Medidas preventivas: La guía recuerda el deber de protección de la empresa y la implicación de esta de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo que están bajo su ámbito de dirección.

 

2. Medidas Laborales

  • El teletrabajo: La posibilidad de establecer el teletrabajo como medida organizativa temporal y excepcional, acordada individualmente o colectivamente, que no suponga una reducción de derechos para las personas trabajadoras.
  • Suspensión total o parcial de la actividad
  • Con ERTE: También se podrá suspender total o parcialmente la actividad, o reducir la jornada, por expediente de regulación de empleo (ERTE) por la existencia de causas organizativas, técnicas o de producción. Esto se puede producir en casos de escasez o falta de recursos necesarios o por descenso de la demanda. Por otra parte, podrían ser consideradas como causas de un ERTE por fuerza mayor el incremento de los índices de absentismo que imposibiliten la continuidad de la actividad o una decisión de la Autoridad Sanitaria que aconseje el cierre del centro de trabajo.
  • Sin ERTE: Si la empresa no tramita un ERTE pero se paraliza la actividad, la persona trabajadora conserva el derecho a su salario.

 

3. Emergencia de protección civil: Cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las empresas podrán articular un ERTE o incluso medidas de extinción cuando la causa directa sea la situación de emergencia.

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Viodeovigilancia_Think Up_LKS

Importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre la videovigilancia empresarial

¿Pueden las empresas grabar a los trabajadores? ¿Qué requisitos deben cumplirse para su validez? El Tribunal Constitucional (TC) en su reciente sentencia ha matizado su doctrina relativa al uso de las cámaras de videovigilancia en el ámbito laboral, admitiendo las mismas a pesar de que la empresa no haya informado al trabajador de su finalidad exacta.  

Dicha sentencia responde a un recurso de amparo de una trabajadora que fue despedida por haber sustraído dinero de la caja. La empresa basa dicho despido en unas grabaciones que obtuvo tras la instalación de cámaras sin haber informado previamente a los trabajadores pero habiendo colocado el distintivo informativo de videovigilancia en el escaparate del establecimiento.

A grandes rasgos, los criterios fijados por el TC son los siguientes:

– Como excepción a la regla general de recabar el consentimiento del trabajador, no será necesario exigir el mismo cuando las grabaciones (tratamiento de datos de carácter personal) sean tomadas con el fin de controlar el cumplimiento de la relación laboral. No obstante, esta medida de vigilancia deberá responder al criterio de proporcionalidad.

– Se declara cumplido el requisito de haber informado previamente a la trabajadora con la colocación de un distintivo informativo de videovigilancia en el escaparate de la tienda, considerando de este modo que la trabajadora podía tener conocimiento de la existencia de las cámaras.

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