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Las 10 novedades de la nueva Ley de Contratos del Servicio Público que deberías conocer

El 9 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017 de  Contratos del Sector Público y se prevé que entre en vigor el 9 de marzo de 2018. Esta ley transpone a nuestro ordenamiento las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

Favorecer la participación de las PYMEs y luchar contra el fraude y la corrupción son algunos de los cambios que ha traído consigo esta Ley. A continuación te explicamos las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del Servicio Público:

1. La Ley se aplicará al sector público y se amplía a:

– Partidos políticos

– Organizaciones sindicales

– Organizaciones empresariales

– Asociaciones profesionales

2. Obligación de publicidad:

– Procedimiento abierto simplificado

– Licitación con negociación

– Asociación para la innovación

3. Favorecimiento a las PYMEs:

Para favorecer la participación de las PYMEs en la contratación pública se han establecido las siguientes medidas:

– Lotes: será regla general la división en lotes de los contratos susceptibles de fraccionamiento.

– Requisitos de solvencia: se añade la imposibilidad de solicitar experiencia como solvencia a empresas de nueva creación.

– Consultas preliminares: se va a permitir que los órganos de contratación puedan consultar con expertos o con el propio mercado para preparar futuras contrataciones sin que ello implique la prohibición de que estos últimos participen después en esas licitaciones.

4. Cambio en los criterios de adjudicación:

Se pasa de “la oferta económica más ventajosa” al criterio de “la mejor relación calidad-precio”. Esta se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos, pudiendo incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato.

5. Cláusulas sociales y medioambientales:

Se fomenta la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales y, se reserva un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.

6. Contratos menores:

– No se eliminan los contratos menores

– Se reduce su cuantía a contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros-en contratos de obras– y a 15.000 eurosen contrato de suministro o de servicios-.

– Se obliga a los órganos de contratación a publicar (mínimo trimestralmente):

  • su objeto
  • la duración
  • el importe de adjudicación
  • la identidad del adjudicatario

Se ordenarán los contratos por la identidad del adjudicatario.

7. Medidas anti corrupción

 – Los órganos de contratación deberán de tomar las medidas adecuadas para luchar contra:

  • el fraude
  • el favoritismo
  • la corrupción

– Deberán prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses   que puedan surgir en los procedimientos de licitación.

8. Modalidades contractuales

– Desaparecen los contratos de:

  • Colaboración público-privada
  • Gestión de servicio público

– Se ajusta la definición del contrato de obras y de servicios.

– Desaparece el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía y pasa a ser  una fórmula de licitación muy residual.

9. Instrucciones internas de contratación (IIC):

– Se suprimen las IIC para los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas para los contratos no sujetos a regulación armonizada.

– Dichos contratos deben adjudicarse por los mismos procedimientos establecidos para las Administraciones Públicas (se les permite utilizar de forma indistinta cualesquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, que sólo se podrá hacer uso de él, en los mismos supuestos que las citadas Administraciones).

10. Lucha contra la morosidad:

– Depósito de facturas en el Registro electrónico:

  • Las empresas que trabajen para las Administraciones no podrán pagar tarde a sus proveedores.
  • Para vigilarlas, se les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico.

– Pago directo:

  • La norma permite que las Administraciones Públicas paguen directamente las facturas de los subcontratistas, detrayéndoles el importe correspondiente a los contratistas, siempre que así lo prevean los pliegos de contratación.

 

Desde LKS Abogados queremos que estés al día de toda la actualidad. Por eso, seguiremos informándote de las novedades suscitadas en torno a la nueva Ley de Contratos del Sector Público en la que estamos trabajando.

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Novedades de la Ley 31/2015 en la capitalización del desempleo de los socios de duración determinada

El BOE de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Detallamos por tanto, los aspectos más reseñables.

Una de las novedades que prevé la norma es la modificación de la regulación relativa a la suspensión y reanudación de la percepción de la prestación por desempleo. En concreto, se extiende el periodo de suspensión de la prestación por desempleo para todos aquellos que realicen un trabajo por cuenta propia de duración inferior a 60 meses (hasta ahora se mantenía en suspenso hasta los 24 meses).

No obstante, para la reanudación de la prestación con posterioridad a los 24 meses desde el inicio de la suspensión, deberá acreditarse que el cese en la actividad por cuenta propia tiene su origen en la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, fuerza mayor determinante del cese, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, divorcio o separación matrimonial, cese involuntario en el cargo de consejero o administrador de una sociedad o en la prestación de servicios a la misma y extinción del contrato suscrito entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente.

En este sentido, y en relación con el caso de los socios de duración determinada que se incorporen como socios trabajadores indefinidos y pretendan obtener la capitalización de la prestación por desempleo previamente suspendida, desde el Servicio Público de Empleo Estatal, a la espera de recibir instrucciones precisas, se entiende que sería posible la reanudación de la prestación a pesar de haber transcurrido el periodo de 24 meses o más desde el momento de la suspensión.

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Pyme innovadora_Think Up_LKS

¿Tu Pyme es innovadora?

Ahora ya podemos demostrar la capacidad innovadora de nuestra pyme de manera oficial gracias al reciente sello creado por el BOE que reconoce y concede a las pequeñas y medianas empresas que apuestan por la I+D.

En España, las pymes representan el 99% del tejido empresarial, y son la principal fuente de generación de empleo muy por encima de la media europea. Contar con esta certificación permitirá a este tipo de negocios acceder a diferentes ayudas y ventajas fiscales.

Esta normativa tiene como objetivo crear y regular el funcionamiento de un registro público sin ningún coste para las empresas. La Dirección General de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad, será la encargada de actualizar el listado y les permitirá lucir el logo y formato oficial del sello que reconoce oficialmente su apuesta por el I+D+i.

¿Qué beneficios implica este registro?

Aparte de las ventajas que otorga este reconocimiento en la imagen de la empresa, existen otros beneficios fiscales y económicos muy importantes para la competitividad empresarial que son:

  • Las pymes innovadoras podrán contabilizar por primera vez en un mismo personal investigador la bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social con la deducción de hasta el 42% de los gastos en I+D+i del Impuesto sobre Sociedades.
  • Los resultados económicos serán mejores para las empresas innovadoras, gracias al aumento en el crecimiento de ventas al introducir nuevos o mejorados productos o servicios innovadores.

¿Cómo se solicita?

Todas las empresas que quieran ser reconocidas de manera oficial y formar parte del registro de pymes innovadoras, deberán realizar de forma telemática una solicitud acompañada de un documento que demuestre a la administración que la empresa cumple con los requisitos exigidos en el artículo 6.2 del Real Decreto 475/2014, de 13 de junio.

También, como es lógico, demostrar de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social y demostrar su carácter innovador gracias a su actividad y mediante certificaciones oficiales reconocidas por el Ministerio.

Este sello tendrá una duración determinada dependiendo el tiempo que el Ministerio considere que la empresa pueda cumplir con los requisitos necesarios anteriormente citados. No obstante, una vez cumplido el periodo se podrá renovar el sello siempre y cuando se mantengan las características innovadoras.

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