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Medidas laborales contra el Covid-19 (VII. Parte)

El pasado, 22 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Este Real Decreto-ley recoge numerosas medidas en las que en el plano laboral debemos destacar las siguientes:

  • Se prorroga por 3 meses la preferencia del trabajo a distancia y el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

 

  • Se amplía la protección por desempleo a las extinciones de contratos en periodo de prueba durante el estado de alarma: Se econtrarán en situación legal de desempleo las personas trabajadoras que
    • Cuyos contratos han sido extinguidos por la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo o,
    • Que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19.

 

  • Posibilidad de existencia de fuerza mayor parcial en empresas de actividades esenciales.

 

  • Nueva infracción muy grave y sanción específica para solicitudes fraudulentas de ERTE: Se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para:
    • Tipificar como infracción muy grave,la presentación de solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados. En ese caso se responsabiliza a la empresa directamente en la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores y trabajadoras.
    • La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al periodo de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.

 

  • Protección por desempleo de fijos-discontinuos y trabajadores fijos y periódicos repetidos en fechas ciertas: Se amplía la cobertura por desempleo, a aquellas personas trabajadoras que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas, como consecuencia del COVID-19.

 

  • Posibilidad de prórroga la duración de los contratos predoctorales para el personal investigados en formación: Se incluye la posibilidad de que lasentidades que formen parte del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación prorroguen los contratos predoctorales que finalicen desde el 2 de abril de 2020cuando se encuentren dentro de los últimos 12 meses del contrato,  en las condiciones de la disposición adicional 14ª del RDL.

 

  • Medidas en relación con el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social de empresas y autónomos:
    • Se simplifica el procedimiento de resolución de aplazamiento, concediéndose mediante una única resolución, con independencia del número de mensualidades comprendidas.
    • Se fija el plazo de amortización y el pago escalonado de la deuda de forma que se hará mediante pagos mensuales y en un plazo de 4 meses por cada mensualidad solicitada, sin exceder de 12 mensualidades.
    • La solicitud de aplazamiento determina la suspensión del procedimiento recaudatorio de las deudas afectadas y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte dicha resolución.
    • El aplazamiento es incompatible con la moratoria de cotizaciones sociales a empresas y autónomos, considerándose no presentadas las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado y concedido la referida moratoria.
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Implicaciones fiscales COVID-19 (V)

Después de nuestro último post explicándoos las medidas de índole fiscal aprobadas en el Gipuzkoa y Navarra y a pesar de que ha habido novedades en todos los territorios que modifican en parte las medidas inicialmente anunciadas, con la Campaña de Renta y Patrimonio a la vuelta de la esquina no podemos olvidarnos de contar cómo le afecta el COVID-19.

En el caso de Gipuzkoa, el BOG de 30 de marzo publicó la Orden Foral 132/2020 de 26 de marzo por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del IRPF y del IP correspondientes al período impositivo 2019, así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso. Debido a la crisis sanitaria asociada al COVID-19, se introducen las siguientes medidas excepcionales:

  • Se retrasa el inicio del plazo de presentación de las autoliquidaciones del IRPF en su modalidad mecanizada hasta que la situación lo aconseje. Este retraso no afecta al inicio de las modalidades de propuesta de autoliquidación o internet, que se iniciarán con normalidad.

 

  • Se alarga la campaña un mes más, finalizando el día 29 de julio. De esta forma, el cargo de la domiciliación sería el día 30 de julio. Este plazo afecta tanto al IRPF en todas sus modalidades (aceptación de propuestas, mecanizada e internet) como al Impuesto sobre el Patrimonio.

 

En Araba, por su parte, a través de la Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo, que aprueba las normas y modalidades para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2019 publicada en el BOTHA el 1 de abril, se amplían los plazos de presentación que suelen ser habituales en función del tipo de sistema empleado:

1. “rentafácil”

  • Las confirmaciones de las propuestas de declaración podrán realizarse del 15 de abril al 28 de octubre de 2020.

 

  • Las modificaciones de estas propuestas podrán realizarse, con carácter general, en las oficinas de la Hacienda Foral, del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2020.

 

2. “rent@raba”

Fecha de inicio.

  • En las Entidades Financieras colaboradoras y a través de las Gestorías o Asesorías acreditadas ante la Diputación Foral de Álava: 15 de abril de 2020, si bien condicionado a la situación del COVID-19.

 

  • En las oficinas de la Hacienda Foral: 8 de septiembre de 2020.

Fecha de finalización.

  • En las oficinas de la Hacienda Foral: 28 de octubre de 2020

 

  • En las Entidades Financieras colaboradoras y a través de las Gestorías o Asesorías acreditadas ante la Diputación Foral de Álava: 30 de octubre de 2020.

 

“rentared”

  • Fecha de inicio: 15 de abril de 2020.

 

  • Fecha de finalización: 30 de octubre de 2020.

 

Mientras que en Bizkaia se mantiene la fecha de inicio del plazo voluntario de presentación en el 4 de mayo de 2020, pero se deja para un futuro la determinación del término de dichos plazos, que coincidirá con la finalización del plazo de dos meses a partir del momento en el que se puedan prestar los servicios de atención presencial en las oficinas de la Hacienda Foral de Bizkaia y en las de las entidades colaboradoras en la confección de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así se dispone en el BOB de misma fecha (1 de abril) a través de la Orden Foral 685/2020, de 26 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifican la Orden Foral 541/2020 y la Orden Foral 540/2020 que aprueban los modelos de IRPF e IP respectivamente.

Veremos cómo evoluciona la fiscalidad asociada al COVID-19 para poder contártelo.

Desde LKS Next LEGAL nos gusta mantenerte informado de todas las novedades fiscales que consideramos son de tu interés. No obstante, si tienes alguna duda o quieres que tratemos cualquier otro asuntocontacta con nosotros. Estamos encantados de atenderte.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (VI. Parte)

El 1 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Este Real Decreto-ley establece medidas de calado en diferentes ámbitos. En lo que al ámbito laboral y de la seguridad social se refiere, estas son las novedades a destacar:

  • Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social: Podrán beneficiarse de este nuevo subsidio las personas de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes del 14 de marzo que con posterioridad a esa fecha a) Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal o b) Hayan visto extinguido su contrato de trabajo por despido o por desistimiento del empleador o empleadora.

 

  • Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal: Tendrán derecho a este subsidio aquellas personas que a) cuyo contrato de trabajo de al menos 2 meses de duración se haya extinguido con posterioridad al 14 de marzo b) carezcan de rentas y c) no reúnan el periodo de cotización necesario para acceder a otra prestación.

 

  • Se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de cuotas.

 

  • Se permite el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

 

  • Ampliación en las universidades la duración de los contratos del personal docente e investigador por duración equivalente al tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas.

 

  • Posibilidad de prorrogar los contratos de duración determinada de los investigadores por hasta 3 meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

 

  • Sujeción del compromiso del mantenimiento del empleo a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

  • Se extiende la incapacidad temporal a las personas trabajadoras de servicios esenciales en caso de confinamiento total.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (V. Parte)

El 29 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales (en adelante, “Real Decreto-ley”).

Este Real Decreto-ley viene a profundizar más en las restricciones a la movilidad establecidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Real Decreto-ley establece un permiso retribuido recuperable con las siguientes particularidades:

  • el permiso retribuido es recuperable y de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
  • el permiso es de aplicación para todas las personas trabajadoras que prestan servicios en empresas e instituciones, públicas y privadas, cuya actividad no ha sido paralizada por la declaración del estado de alarma. En cualquier caso el Real Decreto-ley regula algunas excepciones.
    • Que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de la norma.
    • Que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el citado anexo.
    • Contratados por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso retribuido recuperable.
    • Que se encuentren de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
    • Que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

 

Las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

La recuperación de las horas disfrutadas por el permiso podrá hacerse efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, que tendrá una duración máxima de 7 días. En el caso de no existir representación legal de los trabajadores en la empresa se constituirá por los trabajadores en el plazo de 5 días una comisión representativa de estos.

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable.

En los casos en que resulte imposible interrumpir inmediatamente la actividad, las personas trabajadoras podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020, con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido en este Real Decreto-ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley, el Gobierno Vasco ofrece desde hoy en su página web un formulario de acreditación para facilitar la movilidad de las personas trabajadoras de empresas de actividades esenciales.

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Medidas laborales contra el COVID-19 (IV. Parte)

El 28 de marzo de 2020, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Este Real Decreto-ley incluye una serie de medidas en el orden laboral entre ellas:

  • La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada derivadas del COVID-19 no se podrán entender como justificativas de extinciones ni de despidos.

 

  • La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, vía ERTE por las causas de fuerza mayor, económica, técnica, organizativa y de producción derivadas de COVID-19 supondrá tanto la interrupción del cómputo de su duración como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, respecto de las personas trabajadoras afectadas.

 

  • Agilización de la tramitación y abono de prestaciones por desempleo:
    • El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo extraordinaria se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa en representación de los trabajadores.

 

  • La solicitud se presentará en el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE en caso de fuerza mayor y desde la notificación de la decisión adoptada en el ERTE a la autoridad laboral en caso de tratarse de ERTE por causas objetivas.

 

  • El no comunicar con toda la información o hacerlo fuera de plazo es sancionable (infracción grave)

 

  • Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.

 

  • Los expedientes de regulación de empleo autorizados por fuerza mayor estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, y se extienden como máximo mientras dure el estado de alarma decretado por el RD 463/2020 y sus posibles prórrogas.

 

  • Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran:
    • falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, particularmente cuando den lugar a prestaciones que no debieran haberse producido o.
    • en caso de que las medidas solicitadas no resultan necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina.

 

Darán lugar a la revisión de oficio de la prestación reconocida indebidamente a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma.

  • En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

 

  • El Real Decreto-ley entrará en vigor el 28 de marzo de 2020 manteniendo su vigencia, durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 

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Medidas laborales contra el COVID-19 (III. Parte)

El pasado día 18 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (en adelante “RD 8/2020”)

Este real decreto-ley se aprueba con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas directamente afectadas.

De esta forma, el RD 8/2020 además de en otras materias, aprueba una serie de medidas en el ámbito laboral como de Seguridad Social que son las que os indicamos a continuación:

  • Teletrabajo: El teletrabajo deberá ser prioritario frente a la suspensión o reducción de jornada. Se permite excepcionalmente que el trabajador realice una autoevaluación de riesgos.

 

  • Adaptación del horario y reducción de jornada: Se regula el derecho a la adaptación de la jornada bien por cuidado de familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o bien por cuidado del cónyuge o pareja de hecho.

 

Se establece una reducción de jornada especial a la que podrá acogerse el trabajador comunicando a su empresa su decisión con un plazo de 24 horas de antelación, pudiendo alcanzar esta el 100% de la jornada, pero deberá estar justificada, ser razonable y proporcionada.

 

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad: Se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos y socios cooperativistas encuadrados como trabajadores por cuenta propia. Deberán cumplirse una serie de condiciones:
    • la actividad se haya visto suspendida a consecuencia del estado de alarma
    • estar al corriente de pago en sus obligaciones
    • que la facturación del mes anterior al que se solicita la prestación se haya visto reducida, al menos, en un 74% con relación al promedio de facturación correspondiente al semestre anterior.

 

  • ERTE por fuerza mayor y por causas objetivas: Con respecto a estos procedimientos se amplía el término fuerza mayor y se agilizan los procedimientos reduciendo los plazos oportunos a la hora de tramitar estos.

 

  • Exoneración de cuotas a la Seguridad Social en caso de ERTE por fuerza mayor: Se establece la exoneración del abono de la aportación empresarial, como el relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta si la empresa tiene menos 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.

 

Si la empresa tuviera 50 o más trabajadores, entonces la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

Para los trabajadores este período tiene la consideración como efectivamente cotizado a todos los efectos.

  • Prestación por desempleo generada como consecuencia de ERTE: Se reconoce la prestación por desempleo aunque el trabajar carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello

No computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que causadas por las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Se tiene derecho a esta prestación tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si se carece del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o bien si no hubiesen percibido prestación por desempleo con anterioridad.

  • Duración de las medidas: Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de este real decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

 

  • Salvaguarda en el empleo: las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el RD-Ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

 

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Medidas laborales contra el COVID-19 (II)

Con fecha 13 de marzo de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Este Real Decreto-ley tiene por objeto la adopción de nuevas medidas para responder al impacto económico negativo que se está produciendo en el ámbito sanitario, en el sector turístico, y sobre las personas afectadas por las medidas de contención adoptadas por las autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo sobre las PYMES y autónomos. En el plano laboral y de la Seguridad Social estas son las medidas más significativas de este Real Decreto-ley:

  • Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del virus COVID-19.

 

  • Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

 

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