Incertidumbres en el Impuesto de plusvalía municipal

Recientemente todos hemos sido conocedores de que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos ciertos artículos de las Normas Forales que tanto en el Territorio Histórico de Gipuzkoa como en el de Álava regulan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. Porque el impuesto en sí mismo, es constitucional.

Con la publicación de la sentencia de Gipuzkoa en el BOE (aún está pendiente de publicarse la sentencia de Álava) se abre el camino para que el legislador foral modifique dicha normativa, en los términos que se consideren siempre que respeten el contenido de dicha sentencia. A continuación damos unas pinceladas a la misma.

Los procesos se circunscriben únicamente a los preceptos de las Normas Forales del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos en Gipuzkoa y en Álava. Las sentencias declaran inconstitucionales y nulos ciertos artículos de dichas Normas Forales exclusivamente en la medida en que no han previsto excluir el tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor. Y ello porque la norma no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene, que es precisamente lo que el legislador foral tiene que hacer.

Y parece que la fórmula por la que han optado ambos legisladores forales es considerar que la existencia del incremento de valor de los terrenos se determinará por comparación del valor de adquisición y del valor de transmisión.

En cualquier caso, no termina ahí la incertidumbre sobre este impuesto; veremos qué posicionamiento tiene el TC en el futuro en relación al resto de normativas, así como a los demás de supuestos previstos para determinar la base imponible, ya que las sentencias comentadas sólo se refieren a casos de transmisiones de terrenos.

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Importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre la videovigilancia empresarial

¿Pueden las empresas grabar a los trabajadores? ¿Qué requisitos deben cumplirse para su validez? El Tribunal Constitucional (TC) en su reciente sentencia ha matizado su doctrina relativa al uso de las cámaras de videovigilancia en el ámbito laboral, admitiendo las mismas a pesar de que la empresa no haya informado al trabajador de su finalidad exacta.  

Dicha sentencia responde a un recurso de amparo de una trabajadora que fue despedida por haber sustraído dinero de la caja. La empresa basa dicho despido en unas grabaciones que obtuvo tras la instalación de cámaras sin haber informado previamente a los trabajadores pero habiendo colocado el distintivo informativo de videovigilancia en el escaparate del establecimiento.

A grandes rasgos, los criterios fijados por el TC son los siguientes:

– Como excepción a la regla general de recabar el consentimiento del trabajador, no será necesario exigir el mismo cuando las grabaciones (tratamiento de datos de carácter personal) sean tomadas con el fin de controlar el cumplimiento de la relación laboral. No obstante, esta medida de vigilancia deberá responder al criterio de proporcionalidad.

– Se declara cumplido el requisito de haber informado previamente a la trabajadora con la colocación de un distintivo informativo de videovigilancia en el escaparate de la tienda, considerando de este modo que la trabajadora podía tener conocimiento de la existencia de las cámaras.

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