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Medidas laborales contra el COVID-19 (IV. Parte)

El 28 de marzo de 2020, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Este Real Decreto-ley incluye una serie de medidas en el orden laboral entre ellas:

  • La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada derivadas del COVID-19 no se podrán entender como justificativas de extinciones ni de despidos.

 

  • La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, vía ERTE por las causas de fuerza mayor, económica, técnica, organizativa y de producción derivadas de COVID-19 supondrá tanto la interrupción del cómputo de su duración como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, respecto de las personas trabajadoras afectadas.

 

  • Agilización de la tramitación y abono de prestaciones por desempleo:
    • El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo extraordinaria se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa en representación de los trabajadores.

 

  • La solicitud se presentará en el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE en caso de fuerza mayor y desde la notificación de la decisión adoptada en el ERTE a la autoridad laboral en caso de tratarse de ERTE por causas objetivas.

 

  • El no comunicar con toda la información o hacerlo fuera de plazo es sancionable (infracción grave)

 

  • Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.

 

  • Los expedientes de regulación de empleo autorizados por fuerza mayor estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, y se extienden como máximo mientras dure el estado de alarma decretado por el RD 463/2020 y sus posibles prórrogas.

 

  • Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran:
    • falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, particularmente cuando den lugar a prestaciones que no debieran haberse producido o.
    • en caso de que las medidas solicitadas no resultan necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina.

 

Darán lugar a la revisión de oficio de la prestación reconocida indebidamente a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma.

  • En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

 

  • El Real Decreto-ley entrará en vigor el 28 de marzo de 2020 manteniendo su vigencia, durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 

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El TJUE cambia su doctrina con respecto a la indemnización de los contratos temporales

El pasado 5 de junio de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante “TJUE”) dictó una sentencia en donde volvía a conocer de una cuestión prejudicial planteada desde España relacionada con la indemnización por finalización de los contratos temporales.

El TJUE conocía de un asunto en donde una trabajadora que estaba contratada mediante un contrato de interinidad, había sido extinguida su contrato laboral por haberse cubierto la vacante del puesto que desempeñaba mediante concurso público.

El TJUE ya tuvo la ocasión de pronunciarse sobre un asunto de similares características en donde dictó una sentencia en la cual entendía que aquellos contratos de trabajo temporales que habían sido finalizados por el término del periodo pactado, debían ser indemnizados con la indemnización por despido objetivo (20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades).

En el caso actual el objeto del debate es el mismo pero con respecto a los contratos de interinidad, otro tipo de contrato temporal que como no ocurre con los contratos eventuales y de obra o servicio determinado, no tiene indemnización alguna por su finalización.

Siendo esto así, el TJUE entiende que la legislación española, al no prever indemnización alguna por la finalización del contrato de interinidad no discrimina a los trabajadores contratados mediante este contrato con respecto a aquellos trabajadores con contrato indefinido debido a que el despido por causas objetivas cuya indemnización es de 20 días por año trabajado con el máximo de 12 mensualidades tiene lugar “al producirse en circunstancias que no estaban previstas en el momento de la celebración del contrato y que suponen un cambio radical en el desarrollo de la relación laboral” , mientras que en el contrato de interinidad “las partes del contrato temporal conocen desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan su término”.

Es por ello que la razón por la cual no existe dicha discriminación se debe a que el trato diferenciado en la finalización de ambos contratos se da en circunstancias totalmente diferentes (los contratos indefinidos desconocen la causa de la finalización del contrato mientras que los trabajadores interinos si lo conocen).

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